El PP propone separar Competencia en una sala en la nueva CNMC
Propone que la financiación se realice a través de tasas Elimina restricciones de los operadores dominantes de la electricidad
El Grupo Popular presentó ayer 46 enmiendas a su propio proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone la fusión de los reguladores sectoriales (CNE y CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Tras la amenaza de la Comisión Europea de abrir un expediente a España si mantenía un proyecto que restaba total independencia al nuevo organismo, los populares han aceptado la separación de los reguladores y Competencia en dos salas con dos consejos y una dirección de instrucción, en el caso de Competencia, y tres en el caso de los reguladores.
Además, se respetará la función reguladora que ahora tiene la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y, que según el proyecto de ley en trámite, pasaría al Ministerio de Industria. Por ejemplo, la fijación de las tarifas de interconexión.
Los directores de instrucción serán nombrados por el pleno y no por el Gobierno, tal como figura en el texto. Se elimina la previsión de que ocupen el cargo cuatro años renovables y las posibles causas de cese, y también la previsión de que los directivos de otras áreas de responsabilidad tengan que ser seleccionados mediante convocatoria pública.
También se ha decidido crear un órgano de control interno de la CNMC cuya dependencia funcional y capacidad de informe se regirá por los “principios de imparcialidad y objetividad” y que buscará “evitar la producción de conflictos de intereses”. Se elimina, por otro lado, la creación de una comisión ejecutiva para la gestión ordinaria de los asuntos, ya que al dividirse en dos salas, no se considera necesaria.
El PP propone asimismo cambiar el sistema propuesto para financiación de la CNMC, que ha sido muy criticado por Bruselas. Así, la CNMC no se financiaría vía Presupuestos, sino a traves de tasas que se aplicarán en los distintos sectores regulados. En el caso de los operadores, lo recaudado “no podrá exceder de los gastos que se generen”.
Aprovechando la nueva ley y para adaptarse a la normativa comunitaria, el PP propone eliminar la restricción que tienen los operadores dominantes del sector eléctrico (los que tienen más de un 10% del mercado) para poder adquirir energía en países comunitarios fuera del ámbito del Míbel.