Chávez intenta frenar una nueva subida de la inflación en Venezuela
El Gobierno acusa a Zara de subidas artificiales de precios Las autoridades vigilan que los beneficios de las empresas no sean demasiado elevados
El Gobierno de Hugo Chávez intenta frenar un nuevo incremento de la inflación en Venezuela controlando el aumento de precios de los bienes y servicios, que trajo como consecuencia la devaluación del 32% de la moneda nacional, el bolívar, medida que entró en vigor el 13 de febrero pasado.
Aunque los portavoces gubernamentales de este país habían advertido que la depreciación del bolívar frente al dólar no generaría descontrol en los precios, la situación parece ser otra. Prueba de ello fue lo sucedido el fin de semana con las nueve tiendas que tiene Zara en el país. Operadas como franquicias en Venezuela por la organización Phoenix World Trading y después de haber sido fiscalizadas por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), el Gobierno decretó su cierre durante 72 horas, acusándolas de “haber modificado sus precios, con lo cual sus márgenes de ganancias han sido exorbitantes”, según explicó Trino Martínez, Director Nacional del Instituto.
La misma sanción recayó sobre la cadena nacional de ferreterías EPA y las tiendas BECO. Además de cerrar sus establecimientos, las tres compañías están obligadas a pagar una multa de 5.000 unidades tributarias, lo que se traduce en unos 65.000 euros. “Porque decretaron un incremento arbitrario de precios y estamos tratando de detener una ola especulativa que se ha desatado con la devaluación”, subrayó Martínez.
La situación ha generado controversia en el país caribeño porque en la legislación vigente no existe una disposición que establezca claramente los límites de ganancias que deben obtener las empresas con sus transacciones comerciales.
El Indepabis defiende que no se puede permitir que las tiendas y los comercios tengan márgenes de ganancias de entre el 60% y el 80%, “tal como se ha comprobado en las tiendas sancionadas”. Pero esta condición no aparece en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios; solo el artículo 4 indica que se deben, “establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de coste de los bienes que producen o comercializan o de los servicios que prestan”.
A juicio de la ministra de Comercio de Venezuela, Edmée Betancourt, el porcentaje de ganancia aceptable es del 10%. Es importante destacar que la Superintendencia Nacional de Costes y Precios establece unos precios máximos de venta al público sobre los productos básicos de alimentación, medicinas e higiene personal, como una medida más de regulación.
Contra los vendedores de coches
Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela, Elvis Amoroso, ha anunciado que esta semana realizarán inspecciones en las empresas dedicadas al ensamblaje y venta de coches, “para conocer el modus operandi en el que se venden los vehículos, con el fin de determinar por qué los concesionarios están vacíos y ver si están aguantando las ventas”. El parlamentario promueve en el hemiciclo la discusión de una ley dirigida a regular el precio de venta de los automóviles porque “los concesionarios venden suficientes vehículos con precios de hasta 400% por encima de su valor real”, advirtió.
Durante los últimos años la venta de vehículos en Venezuela ha estado caracterizada por una presunta escasez de producto y el Gobierno ha responsabilizado a los vendedores de acaparar los coches para luego comercializarlos a precios exhorbitantes. Así, es bastante común que los venezolanos deban inscribirse en listas de espera en los concesionarios para poder adquirir sus coches nuevos.
