Ángel de Cabo sigue en la brecha
Las empresas que denunciaron a Díaz Ferrán y De Cabo advierten al juez de que este último mantiene desde prisión varios negocios.
La representación legal de compañías turísticas que denunciaron a Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo por supuestos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y otros, y que propició la detención de estos y varios testaferros el pasado día tres de diciembre, advierten en un reciente escrito enviado al juez, al que ha accedido este diario, de que De Cabo sigue dirigiendo una organización delictiva desde prisión.
"Aunque los señores De Cabo y Díaz Ferrán, entre otros imputados, se encuentran actualmente en prisión provisional, ello no es óbice para que la organización criminal del señor De cabo siga desplegando su actividad delictiva en perjuicio de sus acreedores a través de testaferros y compañías todavía existentes y operativas", dicen en su solicitud de ampliación de denuncia al juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, fechada el pasado día 25 de enero, los abogados de Meliá Hoteles, Viajes Iberojet y AC Hoteles. Las empresas que seguirían manteniendo esa actividad serían "las filiales de Trapsa, Trapsatur, SL, Trapsayates, SL o la compañía Concesiones Prosport, SL (anteriormente denominada Fitness Naranjo)".
Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual acordaron en mayo de 2010 la venta de Marsans a sociedades controladas por Ángel de Cabo. Los denunciantes sostienen que aquella operación fue "ficticia" y que a día de hoy prosigue el vaciamiento de algunas de las empresas transmitidas.
"La actividad delictiva de la organización de Ángel de Cabo continúa operativa en la actualidad a través de sus testaferros, constituyendo todavía a día de hoy una importante fuente de ingresos para los propios imputados en constante perjuicio para sus acreedores", afirman.
La representación legal de las empresas denunciantes explican que en el "vaciamiento" de Trapsa, una de las empresas controladas por Díaz Ferrán y Pascual, se traspasaron a otra empresa concesiones de explotación de instalaciones deportivas. "La realidad es que actualmente", dicen en su escrito al juez, la empresa a la que se le traspasaron esos activos, hoy en día administrada por un testaferro de De Cabo, "gestiona al menos once centros deportivos que reportan pingües beneficios a la organización delictiva que el señor De Cabo sigue dirigiendo desde prisión". Los gimnasios están situados en Madrid, Salamanca, Huelva y Cádiz.
Imputación del hijo de Díaz Ferrán
En el mismo escrito en el que las empresas turísticas advierten del mantenimiento de la actividad de la organización de De Cabo, solicitan también la imputación de Gerardo Díaz Santamaría, hijo del ex presidente de la CEOE.
"El señor Santamaría urdió una estrategia apoyándose en Ángel de Cabo para alzarse con sus bienes en perjuicio de los acreedores del citado concurso [Air Comet], cuyos intereses pretendían protegerse con el embargo acordado por el Juzgado de lo mercantil", denuncian.
La representación legal de las empresas solicitan al magistrado que se cite a Gerardo Díaz Santamaría "para tomarle declaración en calidad de imputado en la presente causa".
La "tropelía" de la presidenta de Argentina
El 5 de diciembre pasado Gerardo Díaz Ferrán declaró ante el juez Eloy Velasco, dos días después de ser detenido. CincoDías publicó ayer en la web la mayor parte del contenido de su declaración.El ex presidente de la CEOE estuvo ante el magistrado durante más de 40 minutos. En su comparecencia Díaz Ferrán trata de explicar al juez el motivo de que, a pesar de estar en concurso de acreedores, se encontrara en su casa el día de su detención un coche de lujo, 2.100 gramos de oro o 157.975 euros en efectivo.A la hora de intentar explicar los motivos del concurso de Marsans, Díaz Ferrán apunta como primer culpable a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que en 2008 nacionalizó Aerolíneas Argentinas, entonces de Díaz Ferrán y su socio, fallecido el pasado año, Gonzalo Pascual. "Nuestras empresas iban razonablemente bien hasta que el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner nacionalizó Aerolíneas Argentinas, de manera fraudulenta y cometiendo una tropelía tremenda", dijo ante el juez. Díaz Ferrán denunció la nacionalización ante el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Asegura que si logra la indemnización reclamada, 1.300 millones, podría pagar a los acreedores.
