La deuda pública a corto plazo sale más rentable que los depósitos
La deuda del Estado a corto plazo gana en rentabilidad a los depósitos. El bono español a dos años cotiza en torno al 2,80%, mientras que las imposiciones pagan un máximo del 2,75%, según las nuevas directrices del Banco de España.
La deuda pública se ha convertido en una alternativa de inversión más rentable que los depósitos bancarios. Los límites recomendados por el Banco de España han restado atractivo a las imposiciones a plazo fijo, que deben pagan un máximo del 1,75% a doce meses, del 2,25% a 24 meses y del 2,75% a partir de dos años. Salvo excepciones, atrás quedan las rentabilidades de más del 4% que inundaban el mercado hace apenas dos meses. Así, el bono español a corto plazo ofrece ahora mismo mayores rentabilidades a los ahorradores.
Desde que el supervisor bancario emitiera la nueva directriz el pasado 9 de enero, el tipo del bono a dos años ha subido un 16%, hasta el entorno del 2,80% en el que cotiza en el mercado secundario de deuda, lo que lo sitúa por encima de la remuneración de los depósitos al mismo plazo e incluso supera a los depósitos a más de 24 meses.
Teniendo en cuenta que los rendimientos del ahorro tributan al 21% como mínimo (la retención alcanza el 27% a partir de los 24.000 euros), para una inversión por ejemplo de 10.000 euros, los intereses generados en un depósito a dos años serían de 178 euros (una vez aplicada la retención). Si se opta por el bono del Tesoro a igual plazo, el cupón ascendería a 221 euros. Pero incluso la ganancia es algo mayor que en los depósitos a más largo plazo, que rentan al 2,75%, lo que aportaría un rédito de 217 euros.
La deuda soberana está ganando adeptos desde comienzos de año por las menores tensiones en los mercados, que han relajado la prima de riesgo española y reducido, por tanto, los temores a un posible impago del Estado. Es más, los informes estratégicos de las casas de análisis recomiendan la deuda pública como un activo de inversión con potencial en 2013, debido en gran parte a que, en caso de que vuelva la tormenta, España siempre puede solicitar el rescate, lo que activaría el programa de compra de deuda (OMT) del Banco Central Europeo (BCE).
Aunque el escenario de una petición de ayuda inmediata se ha diluido por el buen arranque del ejercicio, los expertos advierten de que una intervención del BCE estabilizaría la negociación de la deuda pública, especialmente la de plazos más cortos. El consenso sitúa los niveles de rentabilidad entre el 2% y el 2,5% para el bono a dos años y por debajo del 5% para el de diez años.
"Si no hay rescate, el bono a dos años se mantendría en los niveles en los que ha fluctuado en lo que va de año, pero si finalmente se activa se moderaría algo", sostiene Natalia Aguirre, de Renta 4. Por su parte, Inversis señala que "la deuda española podría estar bajo el paraguas del BCE si se solicita asistencia financiera". Bajo esta hipótesis, la firma espera "volatilidades inferiores a las de 2012".
Para José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, el plazo a dos años sería el más afectado si se pone en funcionamiento el OMT. "De ahí que debamos esperar una cierta estabilidad en este plazo frente a la inestabilidad que espero para el medio y largo plazo", afirma. Y añade: "todo lleva a pensar que en la segunda mitad del año podríamos ver algo más de tensión en los mercados de deuda internacionales, un dificil reto para bajar las rentabilidades de la deuda a plazo en España, aunque el corto plazo está más protegido".
Con todo, los analistas coinciden en que la deuda periférica ha ganado valor frente a la renta fija de las economías más seguras. "Esperarnos un flujo de dinero hacia los mercados de bonos con rentabilidades más elevadas, especialmente si la deuda pública alemana y estadounidense pierde gradualmente su carácter de activo refugio", señalan desde DWS Investments.
En términos de riesgo, la inversión en deuda pública puede conllevar el peligro de una caída de la cotización o una quita de deuda, mientras que los depósitos están cubiertos hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos. No obstante, en la poco verosímil posibilidad de un impago de deuda, el garante último de los depósitos es, también, el Estado.