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Laboratorios y empresas de tecnología acumulan 6.000 millones de deuda

La industria sanitaria amenaza con frenar la inversión por el repunte de los impagos

La industria sanitaria se ha cansado de los impagos de las autonomías y amenaza con paralizar los planes inversores este año hasta que el Ejecutivo no les aporte una solución al problema de la morosidad. Entre las empresas de tecnología sanitaria y los laboratorios farmacéuticos acumulan impagos por 6.000 millones y tardan hasta nueve meses en cobrar sus facturas.

El plan de pago a proveedores puso el contador a cero en la deuda que las autonomías y municipios mantenían con sus proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011. En total se liquidaron deudas por valor de 27.000 millones de euros. Esa tendencia a la morosidad, lejos de corregirse se ha acentuado. Solo en 2012, el volumen de impagos autonómicos a la industria sanitaria supera los 6.000 millones (ver gráfico) y las empresas están cobrando sus facturas a una media de 270 días. Para calmar los ánimos, el Ejecutivo tiene previsto anunciar hoy un nuevo plan de pago, pero que excluye todas las facturas generadas a partir del 1 de enero de 2012.

Y eso ha puesto en pie de guerra a la industria sanitaria, representada por las Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y Farmaindustria. Ambas han mantenido un gran número de reuniones con Hacienda para buscar soluciones al problema de la morosidad, sin mucho éxito. Fuentes de Fenin apuntan que entre sus 520 socios (entre los que se encuentran multinacionales extranjeras como Siemens, Philips o General Electric) ha habido amenazas de paralizar la inversión prevista para este ejercicio. "Las empresas quieren tener garantía de que van a cobrar. Muchas no están dispuestas a invertir ni un euro más si antes no se les garantiza que van a cobrar sus facturas y van a obtener un retorno de su inversión". De hecho, esas mismas fuentes avanzan que algunas compañías están aplazando su presentación a los concursos públicos que convocan las autonomías ante la inseguridad que les genera el excesivo plazo de cobro. Un buen ejemplo es la Comunidad Valenciana, que pagó a sus proveedores a una media de 405 días. "La menor presencia reducirá la capacidad de decisión de las autonomías a la hora de comprar productos para el ámbito sanitario". Desde Farmaindustria son menos categóricos y consideran que si la situación de impagos no se corrige, la inversión en I+D y el empleo generado por multinacionales como Pfizer, Novartis, Lilly o Bayern "corre serio peligro".

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que aglutina a 1,5 millones de empresas y autónomos y representa a cuatro millones de empleados, también ha intensificado los contactos con la Administración para tratar de buscar una solución "estructural" al problema de la morosidad.

El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, mantuvo una reunión el pasado lunes con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que le transmitieron algunas soluciones "novedosas" al problema de la morosidad. En concreto, le presentaron una propuesta para invertir el sujeto pasivo en el caso de la tributación del IVA. De ese modo, el IVA que genere una factura que no se haya abonado no lo tendría que abonar el acreedor, sino el deudor, tal y como sucede en las operaciones de traspaso de activos entre la banca y las inmobiliarias.

Cañete también le transmitió a Beteta la necesidad de que se cumplan los plazos de pago marcados por la Ley de Morosidad (30 días para las administraciones y 45 para las empresas) y de que se establezca un régimen sancionador para los que no lo cumplan, con multas que podrían llegar hasta los 900.000 euros.

Universidades y hospitales saldarán sus cuentas

El Ejecutivo prevé anunciar hoy en el Consejo de Ministros que abonará las facturas a los proveedores que trabajan para universidades, hospitales públicos o mancomunidades y que se quedaron fuera del plan de pago a proveedores.Comunidades y ayuntamientos recibieron el pasado ejercicio un préstamo de 27.000 millones de euros, a devolver en diez años con dos de carencia, para pagar sus facturas impagadas. Con el fin de garantizarse que esas administraciones iban a devolver los préstamos, la letra pequeña del esquema establecía que en caso de impagos se procedería a retener los ingresos que municipios y regiones recibían como participación en los ingresos del Estado. Ni hospitales, ni mancomunidades ni universidades participan de los ingresos del Estado, por lo que la complejidad técnica para garantizar la devolución del crédito obligó a dejarles fuera.El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciará hoy la aprobación de una partida presupuestaria para que los proveedores que suministran a a esos organismos cob ren sus deudas y con toda probabilidad hará algún pronunciamiento con respecto al cumplimiento de los plazos de pago en España.Las administraciones públicas deben pagar este año a sus proveedores a un máximo de 30 días y las empresas a 60 días, según establecen la Ley de Morosidad, aprobada en 2010, y la directiva europea de plazos de pago, que se integrará en la normativa española a partir del 16 de marzo.A finales de 2012, el sector público pagaba a un promedio de 162 días, mientras que el privado lo hacía a 98 días. El Ejecutivo sugirió a finales del pasado año que sería necesaria una ampliación del calendario para cumplir los plazos marcados por ley.

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