La amnistía no sirve para descubrir a otros 'Bárcenas'
El Gobierno siempre ha asegurado que la regularización fiscal no servía para dinero procedente de presuntas actividades ilegales. Pero la declaración tributaria especial no se utiliza para detectar indicios de delitos. La Dirección General de Tributos tranquilizó a los defraudadores al asegurar que no se comprobarían las declaraciones de la amnistía fiscal.
Como el capitán Renault en Casablanca -que descubrió con asombro que el café de Rick era un antro de juego- algunos se han escandalizado al conocer que dentro de la amnistía fiscal figuran contribuyentes poco honorables, que han defraudado a Hacienda millones y que tenían el dinero escondido en paraísos fiscales a través de empresas pantalla o complejas estructuras. Una amnistía fiscal significa que la Administración mira hacia otro lado mientras un contribuyente legaliza su dinero a cambio de una módica tributación. Y, por lo tanto, todo aquel que se acogió al indulto tributario cometió, como mínimo, un fraude fiscal y, posiblemente, también un delito contra la Hacienda Pública.
Sin embargo, el Gobierno siempre ha asegurado que el indulto tributario no servía para regularizar dinero procedente de presuntas actividades ilegales. Ello es cierto, aunque el proceso de la regularización especial tampoco sirve para descubrirlo. Es decir, si Bárcenas no hubiera estado en mitad de un proceso judicial, posiblemente nunca se hubiera conocido que se acogió a la amnistía ni investigado la procedencia de los once millones que, según él mismo asegura, regularizó.
Para dar garantía a los contribuyentes y lograr que la amnistía fiscal recaudara los 2.500 millones previstos, Hacienda insistió durante el proceso en que la presentación de la declaración especial no supondría entrar a formar parte una lista negra ni sufrir una comprobación individualizada por parte del fisco. "Se considera que no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial por cuanto que la misma, a pesar de tener la naturaleza de declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria, ni tan siquiera de carácter informativo", se leía en una de las notas informativas que emitió la Dirección General de Tributos.
Además, en las reuniones con los despachos de abogados, la Agencia Tributaria aseguró que los contribuyentes que presentaron la declaración especial no entrarían por este motivo dentro de planes inspectores. Sin esas garantías, nadie se hubiera acogido al denominado, eufemísticamente por Hacienda, "proceso de regularización especial".
Todo ello significa que la declaración tributaria especial no se utiliza para detectar indicios de delitos. Por ejemplo, si un contribuyente que declara ganar 1.000 euros al mes regularizó un millón de euros en efectivo, no resulta descabellado pensar que ese dinero pueda tener un origen ilícito o ilegal. Sin embargo, esta circunstancia solo se descubrirá si ese declarante tiene la mala fortuna de entrar en un plan inspector, momento en que los funcionarios tributarios sí que analizarán la declaración tributaria especial y la cruzarán con otras declaraciones para detectar irregularidades o posibles indicios de delitos, más allá del fiscal.
De esta forma, las posibilidades de que la Agencia Tributaria hubiera detectado irregularidades en las cuentas de Bárcenas tras acogerse a la amnistía fiscal son escasas. Si hoy sabemos que el extesorero tenía 22 millones en Suiza es por las investigaciones del juez Pablo Ruz.
Los inspectores no pueden decidir libremente a quien investigan. A partir del plan de control tributario que Hacienda pública a principios de año y en virtud de unos perfiles de riesgo, la Agencia Tributaria determina a los contribuyentes que serán inspeccionados. Y el hecho de haber presentado la amnistía no supone, al menos así lo aseguró Hacienda, tener un mayor perfil de riesgo. Dicho de otra forma, el hecho de que Bárcenas -u otro contribuyente- se acogiera a la amnistía no aumentaba las posibilidades de sufrir una inspección fiscal. Esa es la tesis que defendió Hacienda en las reuniones con los despachos de abogados. Sin embargo, ese criterio no aparece en ningún texto legal. Se trata, solo, de la palabra de la Agencia Tributaria y los asesores fiscales temen un cambio de criterio. Es decir, que Hacienda elabore una suerte de lista negra con los contribuyentes que se acogieron a la amnistía. Nada impide hacerlo. Y fuentes tributarias aseguran que se está planteando esta posibilidad.
Por otra parte, Hacienda insiste en que ni Bárcenas ni los imputados por el caso Gürtel pueden beneficiarse de la amnistía por estar inmersos en un proceso penal. Sin embargo, ello no queda reflejado en el real decreto por el que se aprobó la amnistía. Llama la atención que algunos utilizaran esta vía. O sus abogados se equivocaron o la Agencia Tributaria se excedió a la hora de vender las ventajas de la amnistía. De hecho, el abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, afirmó ayer que -"por lo que se acordó en el Ministerio de Hacienda"- estaba permitido que contribuyentes inmersos en procesos penales se acogieran al indulto tributario.
