Industria cobrará en la tarifa del gas el coste del laudo Gas Natural-Sonatrach
El Gobierno se plantea introducir un recargo en la tarifa del gas para compensar a Gas Natural Fenosa por el "coste sobrevenido" como consecuencia del contencioso que mantuvo con Sonatrach en relación con un contrato de aprovisionamiento.
Así lo indica la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un informe sobre la propuesta de real decreto en la que se plantea esa revisión y se contempla en concreto un recargo de 157 millones de euros a través de las tarifas de acceso (peajes) de gas natural, que se aplicaría hasta 2016.
En su informe, la CNE propone como alternativa a ese recargo la posibilidad de destinar a esa compensación parte de la recaudación del nuevo impuesto especial del gas natural -unos 800 millones de euros al año- previsto en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.
Según este organismo, esa recaudación debería destinarse "preferentemente" a cubrir el déficit del sistema gasista, y una vez eliminado dedicar las cantidades restantes a cubrir el déficit del sistema eléctrico.
La CNE argumenta que la revisión de la tarifa correspondería al periodo 2005-2008 y que hay 1,3 millones de usuarios que desde 2005 están en el mercado libre a los que no es procedente recargar, y 1,7 millones más que se pasaron al mercado libre entre 2005 y 2008, a los que sólo correspondería una parte del recargo.
Si el real decreto se aprueba, la empresa gasista podría recuperar parte del coste del pacto con Sonatrach, la referida al gas que se destinó entre 2005 y 2008 al suministro a tarifa.
En junio de 2011, Gas Natural alcanzó un acuerdo con la empresa pública argelina Sonatrach para cerrar el contencioso que mantenían ambas compañías sobre los precios del gas de los contratos del gasoducto del Magreb (Sagane).
Según el pacto, Gas Natural tendría que pagar 1.897 millones de dólares, unos 1.326 millones de euros al cambio de esas fechas, por la revisión de los contratos objeto de arbitraje internacional así como por los suministros posteriores.
Ese acuerdo anuló tanto el laudo internacional que dio la razón a Sonatrach como la impugnación posterior que presentó la gasista española en Ginebra.
En noviembre de 2011, el anterior gobierno remitió a la CNE un borrador de real decreto similar con el mismo propósito, que no llegó a aprobarse