Gobierno boliviano e Iberdrola abordan mañana la expropiación de sus filiales
El decreto de expropiación contempla un periodo de seis meses para que la empresa española sea indemnizada. Fuentes del mercado valoran las cuatro filiales nacionalizadas en 75 millones.
Representantes de Iberdrola y del Gobierno de Bolivia se reúnen mañana para abordar la nacionalización de las cuatro filiales de la eléctrica española anunciada por el presidente Evo Morales a finales del pasado diciembre.
Según el decreto de expropiación, Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses por la nacionalización de las distribuidoras de electricidad Electropaz y Elfeo, de la empresa de servicios Edeser y de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia.
La valoración será realizada por una consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que ha asumido el control de las filiales expropiadas.
Iberdrola no ha hecho ninguna estimación sobre el precio de sus filiales y sólo ha apuntado que el negocio en Bolivia le suponía alrededor del 0,2 % del total, aunque fuentes del mercado calculan que su valor podría ascender a unos 100 millones de dólares (unos 75 millones de euros).
Esta reunión se produce diez días después de que Red Eléctrica de España (REE) abordara con el Ejecutivo boliviano la expropiación de su filial Transportadora de Electricidad (TdE), acordada en mayo de 2012.
Al igual que en el caso de Iberdrola, el Gobierno de Morales anunció una compensación económica por TdE, pero hasta el pasado día 8 no contrató a la empresa encargada de hacer la tasación.
Tras el encuentro, REE valoró la buena voluntad del Ejecutivo de Evo Morales para negociar la indemnización y señaló que, si el procedimiento se hace con la diligencia debida, no presentará una demanda de arbitraje, una posibilidad previamente anunciada por el presidente de la compañía, José Folgado.
Este mismo mes el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, para trasladarle su malestar por la nacionalización de empresas españolas y ha insistido a través del secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, en que el país andino debe pagar una indemnización justa.