Déficit de tarifa, recuperar el año perdido
Dicen que el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se queja desde su nuevo puesto en el Ministerio de Industria de que 2012 fue un año perdido (en el ámbito energético, se entiende). La lamentación merece ser matizada: el pasado no fue solo un año perdido por lo que no se hizo, sino que resultó un desastre por algunas de las medidas que sí se adoptaron (a ninguna se le puede calificar de reforma), por otras que se intentaron y, efectivamente, por las que se quedaron en el tintero.
La herencia recibida por el nuevo secretario es ciertamente ruinosa, pero, en justicia, su antecesor, Fernando Marti, no era el responsable del ministerio. Alberto Nadal, tiene una ventaja respecto a Marti y es su gran influencia en el Gobierno: es hermano gemelo del director de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal; pertenece al círculo más estrecho de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y también al del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Por contra, le falta la experiencia y los conocimientos energéticos suficientes como para poder adoptar medidas con la rapidez necesaria para recuperar el tiempo perdido. Y queda por ver si cumple con otra de las condiciones que los más puristas del sector le exigen, su independencia respeto a las empresas.
La peor del legado que ha recibido es el déficit de tarifa añadido de 4.000 millones correspondientes a 2012, que el Gobierno legalizó el último día del año para poder ser titulizada y una peregrina orden de peajes eléctricos para este año, que quedó totalmente desbaratada con la decisión del Gobierno de no sufragar, vía Presupuestos, aquel desfase tarifario.
Es la publicación de esta orden ministerial la tarea más urgente que tiene encomendada el nuevo secretario de Estado y, según las fuentes más solventes, su equipo está manos a la obra desde hace varias semanas. Cuadrar los ingresos y los costes del sistema para este año está resultando una dura tarea, a pesar de que los peajes de acceso no tendrán que asumir los citados 4.000 millones de euros y que para este año los cambios legales del 31 de diciembre eliminaron la obligación de déficit cero para este año, con lo que la tarifa de acceso podría volver a incluir alguna cantidad de déficit ex ante titulizable.
Una trampa para salir del paso, pero que empeorará la situación de un déficit tarifario que ronda ya los 29.000 millones de euros. Y la gestión de su colocación en el mercado a través del FADE tampoco es fácil.
Otra cuestión que analiza en detalle el ministerio es la oportunidad de mantener el sistema de peajes progresivos que figuraban en la propuesta de orden ministerial de diciembre que ha quedado en agua de borrajas. Muchos de los consejeros de Nadal, que optan por "sopas y buen vino", le están recomendando que no siga adelante con un mecanismo que va a ser caótico para las empresas y los consumidores eléctricos, que, según las encuestas de la Comisión Europea, son ya los más insatisfechos de la Unión Europea, solo por detrás de los búlgaros.
Pero el problema es lograr un aumento de los ingresos del sistema que encaje con el mensaje políticos de que la tarifa de acceso (o parte regulada responsabilidad del ministerio), aunque en realidad sí suba.
Los peajes progresivos tal como figuraban en la propuesta de orden de peajes de diciembre permitían este galimatías: aunque la recaudación aumentaba en 280 millones de euros, el Gobierno siempre podría decir públicamente que la tarifa se congelaba. En realidad, subiría solo en función del consumo y la potencia contratada y solo para los consumidores domésticos. Quizás el nuevo secretario de Estado de Energía esté midiendo muy en serio que esos ingresos no compensarán el coste político que tendrá.
Además de una nueva orden ministerial de peajes, quedan otras muchas asignaturas pendientes y que requieren una cierta urgencia. Por ejemplo, la resolución para liberar las ayudas a la minería del carbón y la norma para establecer los incentivos a la producción de electricidad con este combustible para este año; la revisión de las tarifas de la cogeneración, congeladas desde junio, cuando deben revisarse cada trimestre, así como una nueva metodología de para la retribución de la distribución. En este caso, es la Comisión Nacional de la Energía es la que debe elaborar una nueva fórmula, algo que no ha hecho aún porque desconfió de la información que recibió hace unos meses de las grandes distribuidoras eléctricas.
Otra asignatura pendiente es la normativa para desarrollar el autoconsumo eléctrico, que, según ha comunicado el ministerio a las empresas fotovoltaicas se aprobará en este trimestre.
Y un problema añadido que se le viene encima es la ejecución de los nuevos impuestos a la generación y el gas natural que entraron en vigor el uno de enero. En el primer caso, las eléctricas deben liquidar el gravamen con carácter trimestral, pero con el del gas ya se ha desatado un conflicto entre las comercializadoras y Hacienda sobre cómo aplicar el impuesto.
Fuentes de las empresas, cuyos directivos aún no han sido citados por Alberto Nadal, aseguran que, más allá de cuestiones coyunturales, este tiene in mente la gran reforma del sistema que en 2012 ni siquiera se vislumbró. Para ello, podría proceder en las próximas semanas a renovar su equipo. Fuentes solventes aseguran que el jefe de gabinete, Ignacio Grangel, hombre de confianza del anterior secretario, Fernando Marti, ahora presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se irá con este como secretario general. Un puesto par el que podría designarle el Gobierno próximamente.