Montoro controlará a los funcionarios para que cumplan su jornada laboral
El Ministerio de Administraciones Públicas ya ha transmitido la orden a algunos organismos públicos para que extremen el control sobre los funcionarios, con el fin de que cumplan su jornada laboral completa. Los centros tendrán que remitir trimestralmente un informe con el registro de entradas y salidas de los empleados.
Favorecer un ejemplar cumplimiento de la jornada y horario a fin de que conductas individuales no perjudiquen la imagen de un colectivo cumplidor y dedicado siempre al servicio al ciudadano". Con ese mensaje, incluido en la nueva instrucción que regula la jornada laboral y el horario de los empleados públicos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quiere mejorar la imagen de un colectivo seriamente dañado por la picaresca, que muchas veces parece responder más a leyendas urbanas que a la realidad. ¿Quién no ha escuchado el caso de un funcionario que no ficha al entrar o al salir del centro de trabajo, que se ausenta en mitad de la jornada o que abandona su puesto antes de las tres?
El Ejecutivo está dispuesto a acabar con esas prácticas y ya ha comunicado a la dirección de algunos organismos públicos que tendrán que extremar la vigilancia y el control sobre sus empleados públicos. Fuentes de uno de esos centros confirmaron a CincoDías que estarán obligados a enviar cada tres meses información a Administraciones Públicas con los registros de entrada y de salida de todos los empleados públicos. Y en la información que remitan, cada empleado público tendrá que cumplir a rajatabla la jornada semanal de 37,5 horas estipulada en la nueva instrucción, que se publicó el pasado 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Esa exigencia está creando no pocos quebraderos de cabeza entre la dirección de los centros, ya que en muchos casos van a tener que eliminar los derechos consolidados en algunos de ellos, como la jornada reducida los viernes o en los tres meses de verano, e incluso van a tener que modificar los horarios del personal, ampliándolos para que se adapten a las nuevas exigencias legales. Esto podría provocar, según las fuentes consultadas, que la jornada laboral en algunos casos finalice más allá de las 16:00 horas.
La aplicación de este nuevo régimen ha causado indignación entre los empleados públicos, aún soliviantados por la supresión de una de sus pagas extraordinarias y por la consolidación de la jornada de 37,5 horas semanales este año. Fuentes sindicales apuntan que estas exigencias provocarán nuevas manifestaciones.
¿Qué ocurrirá en el caso de que se detecten incumplimientos? Isabel San José, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, recalca que el colectivo que dirige solo tiene competencias para realizar inspecciones sobre el personal laboral y no sobre los trabajadores cuyos derechos están regulados por el Estatuto General del Empleado Público. San José explica que tan solo tienen capacidad para tomar decisiones en materia de riesgos laborales de los funcionarios.
El Estatuto fija como falta leve el incumplimiento de la jornada laboral y la ausencia injustificada del puesto de trabajo. El trabajador que comete esas faltas puede verse expuesto a una suspensión firme de funciones por un período máximo de seis años, a un traslado forzoso o al demérito, que consiste en la penalización a efectos de promoción o movilidad voluntaria.
Nuevos ajustes de empleo en el sector público
Otro de los ejes sobre los que se sostiene la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas es la reestructuración del sector público empresarial, con unas plantillas sobredimensionanadas y una deuda que rozó los 35.000 millones de euros en el tercer trimestre de 2012, el doble de lo registrado en el inicio de la crisis económica.Buena prueba de ello ha sido la presentación de expedientes de regulación de empleo en sociedades como Paradores (finalmente se ha pactado un ERE con 350 despidos y el cierre de un centro frente a la propuesta inicial de 644 despidos y siete clausuras) e Ineco, empresa de ingeniería y consultoría del Ministerio de Fomento, que también ha propuesto el despido de 525 empleados, el 18% del total.Los sindicatos alertan de que no serán los últimos e incluso que peligra la viabilidad de alguna de las empresas públicas en el punto de mira del Ejecutivo. Un buen ejemplo es Tragsatec, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde la plantilla se ha reducido de 7.000 a 5.000 personas. Fuentes sindicales avanzan que la dirección de la compañía ha contratado a una consultora para la realización de un plan de viabilidad, por lo que temen que se produzca un desmantelamiento de toda la estructura. "Estamos viviendo de las encomiendas de gestión que teníamos asignadas con anterioridad y en los últimos meses no se ha recibido ninguna. Mucho nos tememos que la compañía puede tener actividad hasta finales de este año y una vez que no tenga actividad que hacer, proceder al despido de un gran número de trabajadores y la externalización de las actividades", comentan.
Los sindicatos recurrirán esta semana la supresión de la extra de diciembre
El Ejecutivo aprobó en junio de 2012 la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de los empleados públicos con el fin de ahorrar 4.500 millones de euros y ayudar en el cumplimiento del objetivo de déficit marcado por Bruselas, fijado en el 6,3% del PIB. Con lo que no contaba Rajoy es con que los sindicatos iban a recurrir esa decisión, que también tomó Zapatero en 2010, ante el Constitucional.De hecho, se ha constituido la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados Públicos, en las que están integrados los tres sindicatos más representativos de la Función Pública (C-SIF, UGT y CC OO) y que a partir de mañana comenzarán a presentar las demandas contra esa supresión. Representantes de las tres centrales se reunieron el pasado jueves para repartirse el ingente trabajo de presentar recursos contencioso-administrativos para los trabajadores de las tres administraciones. Desde mañana se interpondrán las demandas que afectan al personal de la Administración General del Estado, Correos, Sanidad y Educación, mientras que para el personal dependiente de comunidades autónomas y ayuntamientos, los procedimientos de reclamación judicial se presentarán la semana que viene. En sus alegaciones, los sindicatos exponen que la supresión de la extra de Navidad "supone una quiebra absoluta de los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y de seguridad jurídica recogidos en la Constitución, así como del principio de confianza legítima".