El Gobierno endurece el cobro de primas a las renovables
El Ejecutivo aprueba un mecanismo para "corregir y surpimir" las primas en caso de que se incumplan los requisitos para el otorgamiento de las mismas.
En el real decreto-ley sobre empleados del hogar que entró en vigor ayer, el Gobierno, además de eliminar el tope de déficit para 2012 y 2010,incluye un sistema regulador de las condiciones para acceder a las primas para las instalaciones de régimen especial preasignadas en el registro del Ministerio de Industria, en el que es algo más duro con el cumplimiento de las condiciones.
El Ejecutivo ha habilitado un mecanismo que permite "la supresión o corrección del régimen económico de primas" concedido a las instalaciones inscritas en el registro de preasignación de retribución para las energías renovables (condición indispensable para que la energía que producen estas instalaciones reciba primas por producción).
Esta situación se daría en caso de "constatación del incumplimiento de las obligaciones que constituyen presupuesto esencial de la definitiva adquisición de tal régimen económico". Es decir, si incumplen alguno de los requisitos necesarios para el otorgamiento de las primas, el Ejecutivo puede suspender o corregir su percepción.
Esta medida se adopta "con carácter de urgencia", según se lee en el BOE, dado que es el 31 de diciembre "la fecha en que deberían estar finalizadas algunas instalaciones". Considera el regulador que este sistema es "imprescindible para la adopción de cualquier corrección o supresión en su régimen económico en caso de incumplimiento".
"En caso contrario", asegura, "se carecerían de los mecanismos jurídicos suficientes para evitar la corrección del incumplimiento de las condiciones impuestas a los perceptores de las primas financiadas por el sistema eléctrico". La mayor parte de las instalaciones afectadas por estar inscritas en este registro serían plantas de energía termosolar.
Según los cálculos de la CNE para este año, las primas del régimen especial ascenderán en 2013 a 9.060 millones, unos mil millones por encima de la previsión de pagos.
Por otro lado, el Gobierno afirma que, dada la complejidad para fijar un sistema de precios para los gases licuados de petróleo envasados (esencialmente, gas butano) que concilie la competencia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es preferible congelar el precio del butano hasta que solucione el conflicto.
