El abismo fiscal eléctrico

El real decreto-ley de medidas energéticas y creación del bono social que entró en vigor el 1 de julio de 2009 estableció un calendario para lograr en 2013 la suficiencia tarifaria, esto es, que los ingresos cubriesen los costes del sistema eléctrico. Para ello, se fijó un sistema transitorio por el que se reconocerían cada año unos topes de déficit de tarifa susceptibles de ser titulizados en el mercado como deuda (las eléctricas, que posteriormente lograron el aval del Estado, la cobrarían tras su emisión y la entidad compradora lo cobraría en el recibo a 15 o 20 años con un tipo de interés que, en algunos casos, ha llegado al 6%). Pero los límites, descendentes cada año, se superaron con creces casi todos los ejercicios, lo que llevó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a forzar la maquinaria modificando la ley para aumentar dichos límites y evitar así que las eléctricas exigiesen (a través de subidas del recibo de la luz) el cobro de una deuda que no era déficit titulizable.

La dureza de la crisis económica y el desbordamiento de algunos costes, como el de las primas del régimen especial o las propias anualidades para pagar la hipoteca de los déficits pasados, ha ido agravando la situación. Hasta el punto de que muchos en el sector eléctrico estaban convencidos de que el nuevo Gobierno del Partido Popular, que lleva apenas un año en el poder, copiaría a su antecesor y elevaría también a la primera de cambio los techos del déficit de tarifa.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con su ministro de Industria, José Manuel Soria, a la cabeza, optó por la vía de las reformas, como única manera de frenar los costes dentro de la legalidad, a la vista de que los ingresos no han dejado de caer, lo que ha supuesto un déficit añadido de unos 1.000 millones anuales. Pero el Gobierno se equivocó de camino o se perdió por el mismo (cualquier lectura podría ser válida) y de sus medidas solo ha logrado atar en firme una, aunque con unos costes políticos y económicos que quizás no le compense.

Se trata de la ley de medidas fiscales que gravarán desde este año la generación eléctrica y el consumo de gas natural, fundamentalmente. Sin embargo, esta fiscalidad es apenas un augurio de unos ingresos que recaudará Hacienda, que pagarán los consumidores y no ha servido para elaborar una orden de revisión de los peajes de acceso con consistencia legal. Y, sobre todo, tampoco ha servido para evitar lo inevitable: romper el techo del déficit para 2012 que Mariano Rajoy rompió el día de San Silvestre, y dejar la puerta abierta para no cumplir el déficit cero en 2013, aunque d emomento se inicia el año sin déficit ex ante. Con el agravante de queel importe final queda abierto: elque se haya genere en 2012 (por encima del límite legal de 1.500 millones) y en 2010, y que resulte delas liquidaciones definitivas de la CNE. Para este viaje no hacían falta alforjas, murmuran en un sector que no sale de su asombro y que considera que la medida representa "el fracaso total de Soria en su lucha contra el déficit de tarifa". Y, ¿cómo es posible aprobar un déficit ex ante titulizable [de antemano]anual el último día del año?", critican.

El Gobierno dice haber admitido los consejos del regulador energético en su dictamen sobre la nonata orden de peajes eléctricos de 2013 (quizá la más disparatada que el consejo de la CNE ha tenido que dictaminar) para adoptar una medida como el incumplimiento del déficit cero, que, de lo contrario, supondría una fuerte subida de tarifas. ¿Es que acaso el mecanismo de recuperación del déficit no es una subida de tarifa encubierta con unos intereses añadidos? No se descarta que la orden de peajes no cuadrase a propósito para justificar un mayor déficit en 2012.

Efectivamente, la Comisión de Energía alertó al Ministerio de Industria del peligro y la incertidumbre que generaba una propuesta de tarifas que fiaba el cobro de buena parte del desfase tarifario a unas partidas presupuestarias inexistentes y recomendaba su no publicación. En relación con los costes extrapeninsulares (1.217 millones en 2012 y 1.755 millones este año), el regulador advertía que en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2013 figuraba que "con efectos 1 de enero y por vigencia indefinida, queda en suspenso la aplicación de este mecanismo de compensación". Y que, de no ser recogido en el texto definitivo (y finalmente no lo fue), los peajes tendrían un desfase de 2.972 millones de euros por este motivo, según el regulador.

Otra partida sin demasiado sostén legal, según la CNE, es la de los 450 millones de euros de ingresos que recibirá el sistema por las subastas de derechos de CO2. "No existe normativa que vincule la aportación de dichos ingresos al sistema", lo que genera una "importante incertidumbre". Tampoco existe, según el organismo que preside Alberto Lafuente, desarrollo normativo sobre los tributos autonómicos, por 200 millones, que redundarían en la tarifa. Además, reitera que la evolución de algunas partidas, como las primas del régimen especial, "no es compatible con la sostenibilidad del sistema".

Estas apreciaciones y una retahíla de desajustes menores de muchos de los costes regulados (distribución, transporte, moratoria nuclear, anualidades del déficit, saldo de pagos por capacidad o interrumpibilidad) que no figuraban en la propuesta de orden de peajes, podrían suponer un incremento de los mismos de entre 2.331 millones y 3.842 millones. Este importe será, muy probablemente, el nuevo déficit que se incorporará a la rueda que el Gobierno no ha logrado parar.