Cataluña desafía al Gobierno con un impuesto sobre los depósitos bancarios
La decisión de la Generalitat de aprobar un impuesto sobre depósitos bancarios supone un desafío al Gobierno central, que incluyó en la Ley de Medidas Tributarias un impuesto idéntico de carácter estatal a un tipo del 0% para evitar, precisamente, que las comunidades aplicaran este tributo.
El tiempo dirá si la decisión de la Generalitat de Cataluña de aprobar por vía urgente un impuesto sobre los depósitos bancarios supone una estrategia audaz o se queda en un brindis al sol. La única certeza es que todo terminará en los tribunales. El Gobierno de Mariano Rajoy estableció a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Medidas Tributarias que acompaña el Presupuesto de 2013 un impuesto sobre los depósitos bancarios con un gravamen del 0%. En la medida en que dos Administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible, la decisión del Gobierno central impide que las comunidades que ya mantenían un tributo análogo -Extremadura, Andalucía y Canarias- puedan recaudar el impuesto. Por este motivo, Hacienda deberá compensar a estas tres regiones.
Además, el impuesto estatal también cierra la puerta -o así se creía- a que otras comunidades apliquen este tributo. Sin embargo, Cataluña ha aprovechado que la Ley de Medidas Tributarias todavía no ha finalizado su trámite parlamentario para impulsar un decreto ley que establece la nueva figura impositiva en Cataluña. "Formalmente, la normativa [estatal] no existe y esto nos permite anticiparnos", argumentó el portavoz en funciones del Gobierno catalán, Francesc Homs.
En principio, el impuesto ideado por Cataluña no podrá recaudarse por colisionar con un tributo análogo del Estado, sin embargo, Cataluña reclamará que el Gobierno central compense a Cataluña al igual que hará con Extremadura, Andalucía y Canarias. "No habrá compensación. Solo faltaría eso", señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La Generalitat aprobó que el impuesto sobre depósitos, que fija un tipo de hasta el 0,5%, entre en vigor el primero de octubre para adelantarse así al tributo estatal -que empezará a aplicarse en enero de 2013-. Cataluña entiende que con ello se asegura el derecho a una compensación. Sin embargo, la Ley de Medidas Tributarias indica que sólo se compensará a aquellas comunidades que hubieran establecido el impuesto en una norma "aprobada con anterioridad al 1 de diciembre".
La Generalitat asegura que sus previsiones apuntan que el tributo aportaría 500 millones de euros y esa es la cantidad que pedirán a Hacienda. El tributo, si se llega a aplicar, gravará a las entidades financieras, que pagarán un 0,3% para los primeros 150 millones que tengan en depósitos, un 0,4% hasta los 600 millones y un 0,5% a partir de ese nivel. Sin embargo, las entidades que tengan su domicilio social en Cataluña, tendrán derecho a una deducción de 200.000 euros. También se contempla un beneficio fiscal de 5.000 euros por "cada sucursal u oficina ubicada en el ámbito territorial catalán", cantidad que se elevará a 5.500 euros si las sucursales se encuentran en edificios inferiores a 2.000 habitantes.
Crear un impuesto sobre los depósitos bancarios es una de las condiciones que puso encima de la mesa Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para apoyar la investidura del líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, que ganó sin mayoría absoluta las elecciones autonómicas del 25 de noviembre. De hecho, el tributo se ha aprobado cuando todavía no se ha formado el nuevo Gobierno, una circunstancia que se explica por la voluntad de adelantarse al tributo ideado por el Ejecutivo central.
Hacienda defiende que estableció un impuesto sobre los depósitos a nivel estatal a un tipo del 0% para que éstos tuvieran un trato idéntico en toda España. Además, Montoro abrió la puerta la semana pasada a reactivar este tributo y fijar un gravamen distinto a cero.
Así es el impuesto
¿Quién paga? El impuesto sobre depósitos bancarios recae sobre las entidades financieras.¿Qué tipo se aplica? Los primeros 150 millones en depósitos tributan al 0,3% y al 0,4% entre 150 y 600 millones. A partir de ese nivel, se aplica el 0,5%.¿Habrá deducciones? Se contempla una deducción de 200.000 euros para las entidades que tengan su domicilio social en Cataluña.¿Y sanciones? Se establecerán sanciones si hay intentos de deslocalización.