Bruselas propone un fondo europeo de estabilización

La zona euro se dotará de un fondo anticrisis que podría llegar a asumir incluso parte de la cobertura del desempleo si un socio se ve desbordado por la recesión. La propuesta fue presentada ayer por los presidentes de la UE, la CE, el Eurogrupo y el BCE. Y servirá de base para la reforma de la Unión Monetaria que abordará la cumbre europea de la próxima semana.

Los cuatro presidentes recibieron el encargo en junio de 2012 de preparar el camino hacia una "genuina Unión Económica y Monetaria". Y a juzgar por su respuesta, presentada ayer, de ese objetivo depende nada menos que "la preservación del modelo de cohesión social europeo y la influencia de Europa a a nivel mundial".

La altura de miras de Herman Van Rompuy, José Manuel Durao Barroso, Jean-Claude Juncker y Mario Draghi contrasta , sin embargo, con el pragmatismo timorato de su documento, en el que cada propuesta aparece cercenada por apostillas y prevenciones en las que se adivina claramente la mano de Berlín.

Aun así, el cuarteto del euro mantiene la apuesta por completar la Unión Monetaria con los atributos que respaldan a otras monedas. En particular, una dotación presupuestaria que permita a los socios capear el impacto de crisis tan devastadoras como la actual.

"Todas las uniones monetarias están dotadas de una dotación presupuestaria centralizada", recuerdan los cuatro presidentes en su documento sin mencionar expresamente a EE UU. Y aunque admiten que la zona euro es un caso muy especial (por su carácter supranacional, que tampoco mencionan), consideran llegado el momento de dar el salto hacia una integración presupuestaria que empezaría con un fondo de estabilización o anticrisis y seguiría por la emisión común de deuda, aunque con avales todavía nacionales.

El fondo de estabilización, según la propuesta, recaudaría y distribuiría recursos en función de la coyuntura económica de cada país. Pero además de esa función macroeconómica, podría actuar de manera mucho más quirúrgica. En concreto, según el documento, asumiendo parcialmente la cobertura de las prestaciones de desempleo cuando un país se vea desbordado por el impacto de la crisis.

Curiosamente, cuando se diseñó el euro hace 20 años, se rechazó la idea de crear ese tipo de mecanismo porque se dio por supuesto que las crisis afectarían de manera simétrica a todos los países. La primera recesión grave del euro ha demostrado todo lo contrario. Y el paro en Alemania, Holanda o Austria se sitúa por debajo del 6%, frente al 25% de España o Grecia.

Los presidentes, por supuesto, no nombran a ningún candidato. Pero parece claro que el caso de España se ha tenido en cuenta para hacer la propuesta. El documento incluso concreta que el fondo solo cubriría la factura de los parados de corta duración, cuya situación se presume ligada al impacto de la crisis.

El futuro fondo se financiará con contribuciones nacionales, en función no solo de la riqueza de cada país, sino también de su coyuntura económica. El documento del cuarteto incluye la posibilidad de nutrir el fondo con un recurso propio o impuesto. Y, en este sentido, la propuesta encaja con la tasa Tobin o impuesto sobre transacciones financieras que 11 países de la zona euro, entre ellos España, están intentando poner en marcha, aunque una vez más el texto omite cualquier referencia.

La propuesta será debatida en la cumbre europea de la próxima semana (13 y 14 de diciembre). Y aunque puede provocar el rechazo de algunos gobiernos, el texto está tan limado y al gusto de la canciller alemana, Angela Merkel, que no parece probable que lo aborten.

De hecho, el borrador de las conclusiones de la cumbre, al que ha tenido acceso CincoDías, ya recoge el proyecto de Van Rompuy y compañía. Pero aplaza su negociación hasta la próxima legislatura comunitaria. Es decir, hasta 2014 como muy pronto, pasadas ya las elecciones legislativas alemanas de septiembre de 2013.

Mientras tanto, la zona euro elaborará los criterios que permitirán a los socios beneficiarse del apoyo del futuro fondo. En primer lugar, se quiere imponer a cada Estado de la zona euro la obligación de suscribir un contrato vinculante sobre las reformas económicas que deberá poner en marcha, contrato que comprometerá al Gobierno firmante y a sus posibles relevos.

"Los contratos", según el documento del cuarteto, "se centrarán en la gestión microeconómica [léase política de empleo, de nuevo un término omitido], en cuellos de botella sectoriales o institucionales [liberalización y reforma de la administración] y en impulsar la competitividad y el crecimiento potencial de la economía". Como incentivo y a la espera de la creación del fondo de estabilización, los cuatro presidentes ofrecen, aunque no concretan, apoyos económicos puntuales durante el período en que se lleven a cabo las reformas.

Cuestión de confianza

Entre las posibles ayudas se descarta expresamente cualquier tipo de mutualización de la deuda, considerada tabú por varios países ricos, entre ellos, Alemania. El presidente del BCE, Mario Draghi, durante su rueda de prensa mensual en Fráncfort, explicó por qué no han hecho ninguna propuesta en este sentido.

"Se ha roto la confianza entre los países que cumplen siempre, o casi siempre, [las normas de disciplina presupuestaria] y los que no", señaló el italiano. "De modo que la prioridad es reconstruir esa confianza y para ello se están acordando las nuevas normas".

Draghi consideró imposible en estos momentos una propuesta como los eurobonos o emisión de deuda pública europea porque, según dijo, "no tiene sentido decir: "yo emito y tú pagas". Pero señaló que "los eurobonos podrían tener lógica una vez que se haya reconstruido la confianza".

Draghi, que apenas lleva un año en Fráncfort al frente del BCE, parece saber de lo que habla porque nada más terminar la rueda de prensa se dirigió a un periodista (¿alemán?) y le dijo fuera de micrófono (pero audible): "¿Por qué le causa tanta sospecha que yo sea italiano? ¿Cuál es el problema?". La respuesta no se escuchó.

Un NIF europeo contra el fraude fiscal

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, lanzó ayer una batería con 34 propuestas para luchar contra la evasión fiscal en el seno de la Unión Europea, cuya aplicación recomienda que sea "inmediata".Se trata de un problema que según los informes que maneja el Gobierno europeo, supone un billón de euros anuales (alrededor del PIB español)."En un mercado único y en una economía globalizada como la actual, las incoherencias y las lagunas a nivel nacional se convierten en útiles instrumentos para quienes tratan de esquivar el pago de impuestos. Es, pues, esencial que la UE adopte una posición fuerte y coordinada frente a quienes evaden impuestos y a quienes se lo facilitan", señaló Semeta.La primera recomendación de Semeta sugiere la adopción en la UE de una posición de fuerza contra los paraísos fiscales. "Utilizando criterios comunes, se invita a los Estados miembros a identificar esos paraísos y a introducirlos en unas listas negras nacionales".Establece, además, "medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la UE de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la Unión".Entre otras, el plan de acción presentado ayer recoge iniciativas como la adopción de un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE, la revisión de las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas de la UE más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.Para Semeta, la actual crisis económica que atraviesa la Unión Europea, hace la batalla contra este tipo de delitos económicos "todavía más urgente".