El juez investiga una masiva ocultación de bienes perpetrada por de Cabo y Díaz-Ferrán
El juez al cargo de la operación crucero investiga una masiva ocultación de bienes por parte de Díaz-Ferrán, que con la ayuda de Ángel de Cabo habría traspasado numerosos inmuebles en Madrid, Mallorca y Nueva York, además de un yate de 27 metros de eslora.
La Audiencia Nacional investiga numerosas operaciones de ocultación de bienes que llevó a cabo el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para eludir sus obligaciones de pago a los acreedores de Marsans, y en las que contó con la colaboración de Ángel de Cabo, a quien vendió el grupo en 2010.
Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha seguido desde verano la pista de la transmisión de fincas e inmuebles situados en el extranjero y en España, para los que se han utilizado sociedades del entorno de Ángel de Cabo, administradas por su cuñado, Teodoro Garrido, y por supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.
Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados situados en el municipio de Calviá (Palma de Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras.
Esa compañía habría colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, a lo que hay que unir dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, que también habrían sido ocultados con la misma operativa.
Asimismo, Díaz Ferrán también se habría deshecho a través de sociedades interpuestas de otra vivienda unifamiliar en Calviá e ingresado el importe de la operación en cuentas en el extranjero gracias a la colaboración de Ángel De Cabo.
Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán, Holdisan Inversiones New York y Holdisan Central Park, sobre los que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no ha conseguido, de momento, más detalles.
De acuerdo con la denuncia que Meliá, Orizonia, AC Hoteles, y Pullmantur, ambos apartamentos fueron adquiridos por la hija de Díaz Ferrán, Marta Díaz, en 2007 por 2,76 y 7,84 millones de dólares y se estaban intentando vender por 12,8 millones de euros (16,7 millones de dólares).
Holdisan Inversiones, además, sería también propietaria de un yate de 27 metros de eslora llamado Leuqar -Raquel al revés, nombre de la esposa de Díaz Ferrán, Raquel Santamaría-. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE), según Europa Press.
Según fuentes jurídicas, dentro de la investigación también se comunicó la pignoración a favor de terceros de la indemnización que podría recibir la matriz de Marsans, Teinver, del Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid había ordenado en mayo de 2010 que se embargaran esos derechos de cobro a favor de la empresa de leasing de aviones, ILFC, pese a lo cual Ángel De Cabo los cedió supuestamente en favor del banco irlandés Burford.
La primera actuación que ordenó la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones fue el bloqueo, el pasado mes de junio, del yate de 27 metros de eslora que tenía el expresidente de la CEOE y que pretendía exportar fuera de la Unión Europea para evitar su embargo.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el aluvión de reclamaciones de los acreedores de Marsans.
La denuncia presentada por Meliá y Orizonia y AC Hoteles y Pullmantur daba cuenta de numerosas transmisiones de activos que fueron detectadas por las administraciones concursales que supervisan los concursos de acreedores como personas físicas de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.
Además, el socio de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, habría donado antes de morir a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza.
El juez Velasco también investiga si los denunciados disponen de activos inmobiliarios en el extranjero que estarían ocultando a los acreedores y los administradores concursales, para lo cual se cursarán comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.