Andalucía pide su parte de la amnistía fiscal
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció que reclamará el tramo autonómico de los tributos aplicados en el proceso de regularización fiscal. "Teniendo en cuenta que el IRPF se reparte al 50% entre el Estado y la Comunidad, tendríamos que recibir también lo que le corresponde a la Junta de Andalucía", dijo.
Oleada de reacciones a la amnistía fiscal impulsada por el Ejecutivo, que ha logrado aflorar 12.000 millones en dinero negro y que ha permitido recaudar 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los previsto por el Ejecutivo. El más categórico fue el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que negó la mayor y rechazó que haya sido un fracaso. "En España no ha habido una amnistía fiscal, sino una regularización de bases imposibles de al menos 12.000 millones de euros y a partir de ahí un incremento de la recaudación con una cifra bastante importante". Montoro recordó que se trata de bases imponibles que a partir de ahora "quedan ahí" para tributar en ejercicios siguientes, y que podrían incluso aumentar a medida que la Agencia Tributaria pueda comprobar todos los datos.
Con lo que no contaba Montoro es que los ingresos obtenidos con este proceso de regularización se pueden ver mermados si las iniciativas de algunas comunidades autónomas prosperan. Es el caso de Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, anunció ayer que encargará un informe jurídico para poder reclamar el tramo autonómico de los impuestos por el dinero que ha aflorado tras el cierre del proceso de regularización fiscal extraordinaria. "Tenemos que ver si tienen que pagar la tarifa autonómica, el informe jurídico nos lo dirá y, en todo caso, estamos convencidos de que teniendo en cuenta que el IRPF se reparte al 50% (entre el Estado y la Comunidad), tendríamos que recibir también lo que le corresponde a la Junta de Andalucía", apostilló.
Los pobres resultados obtenidos por la amnistía fiscal han coincidido en el tiempo con la decisión del Ejecutivo de no actualizar las pensiones por el desvío experimentado por la inflación. El titular de Hacienda rechazó que ambas decisiones estuvieran relacionadas. "Ha sido una coincidencia en el tiempo y no tiene relación alguna", remarcó Montoro.
Las críticas al sistema y a su escaso impacto también llegaron desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que apuntaron ayer que la Agencia Tributaria habría recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen que corresponden realmente al dinero negro acogido a la amnistía fiscal. En un comunicado recuerdan que la amnistía sólo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual supone un "agravio comparativo" para las empresas y contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a las que se grava con tipos de hasta el 30% en Sociedades y del 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña.
Además, los técnicos de Gestha indican que el monto total del patrimonio aflorado (12.000 millones de euros) representa un porcentaje mínimo del dinero defraudado entre 2008 y 2010, que generó una pérdida de ingresos de 148.000 millones. Este dato revela, a su juicio, que la amnistía no ha servido para reducir la economía sumergida, al igual que ocurrió en las tres anteriores realizadas en 1977, 1984 y 1991. Asimismo destacan que ha generado una caída del 20% de la recaudación inducida (aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones).