Sanidad debe a Empleo 1.000 millones de cuotas de cuidadores familiares
El Ministerio Sanidad debe 1.000 millones de euros al de Empleo por las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares de personas dependientes. No obstante, desde el 31 de agosto las arcas públicas ya no cubren estas cuotas, que debe abonar voluntariamente el cuidador no profesional. Solo el 10% de los que estaban dados de alta ha dicho que seguirán cotizando; por ello la Seguridad Social va a depurar su registro de afiliados, sacando de él a 140.000 de estos cuidadores.
Desde el 31 de agosto los convenios especiales de los cuidadores familiares no profesionales de las personas en situación de dependencia quedaron extinguidos, según recoge el real decreto de recortes presupuestarios aprobado en julio por el Gobierno.
Estos convenios regulaban el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de estos cuidadores, cuyo abono corría a cargo del presupuesto del Imserso, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.
Desde la creación de la Ley de Dependencia en 2007 hasta enero pasado se habían contabilizado 174.133 altas de cuidadores familiares en la Seguridad Social, según el informe de evaluación de la Ley de Dependencia hecho por el propio Ministerio de Sanidad.
En este mismo documento, el Departamento que dirige Ana Mato, reconoce que el Imserso "solo ha pagado (a la Seguridad Social) 227 millones de un total de 1.047 millones devengados" hasta enero de 2012 en concepto de estas cotizaciones sociales. Y una actualización de estas cifras a fecha de hoy refleja que la deuda de Sanidad con la Seguridad Social por el pago de dichas cuotas asciende a unos 1.000 millones de euros, según fuentes de la Administración.
Estas mismas fuentes precisan que el Estado abonará esta cuantía -que ya ha ido siendo adelantada por la Seguridad Social- "porque existe compromiso", pero aún no hay un calendario de pago.
Ante la eliminación de estos convenios, la Seguridad Social envió una carta a todos los cuidadores afectados informándoles de que, antes del 1 de noviembre, podían manifestar su interés de seguir dados de alta en la Seguridad Social abonándose ellos mismos la cotización.
Es más, de ser así, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2012 la cotización tendría una reducción del 10% en el total de la cuota, siendo a cargo de la Administración General el 5% y el 85% restante, a cargo del cuidador. A partir del 1 de enero de 2013 el pago de estas cotizaciones correrá enteramente a cargo del cuidador familiar.
Poco más del 10% ha manifestado su intención de seguir pagando para continuar dados de alta. Por ello, los responsables de la Seguridad Social depurarán a este colectivo de su registro de afiliados. Esto supondrá una merma de unos 140.000 cotizantes, que al dejar de cotizar el Estado por ellos y no haber optado por el pago voluntario se convertirían en una especie de afiliados virtuales. Así, los técnicos que elaboran la estadística de afiliación separarán en los datos de noviembre y diciembre, el movimiento real de cotizantes de la depuración en el registro de este colectivo.
Báñez, a la caza de autónomos defraudadores
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer la creación de un Grupo de Trabajo en el ámbito de su Departamento para avanzar en nuevas fórmulas con el objetivo de luchar contra el fraude en el ámbito del trabajo autónomo.Báñez, que hizo este anuncio en la Junta Directiva de la asociación de autónomos de CEOE (CEAT), declaró: "debe haber tolerancia cero con el fraude que supone competencia desleal para los autónomos".No obstante, este plan de lucha contra el fraude no consistirá en un programa de la Inspección que diseccione este colectivo, sino en un grupo de trabajo que contará con la participación de las propias organizaciones intersectoriales de autónomos.Báñez adelantó que este grupo deberá emitir antes de que finalice el primer trimestre de 2013 un documento de conclusiones y buenas prácticas.La titular de Empleo y Seguridad Social, adelantó también que su Departamento está elaborando un paquete de medidas de apoyo al trabajo autónomo en el que se regulará la cotización a tiempo parcial para los trabajadores por cuenta propia, solo en determinados supuestos; y recogerá -entre otras actuaciones- la reducción en la cotización de aquellos que están dados de alta simultáneamente en el Régimen de Autónomos y en el General.