KPMG cuestiona los estados contables de Madrid Espacios y Congresos
El informe de auditoría del ejercicio de 2011 de la sociedad Madrid Espacios y Congresos elaborada por KPMG desvela serias dudas sobre la veracidad de los estados contables de la sociedad municipal Madrid Espacios y Congresos, propietaria, entre otros inmuebles, del Madrid Arena.
El auditor refleja, en su carta a los accionistas de la sociedad, que en 2011 la sociedad "generó pérdidas significativas". A pesar de ello, la empresa municipal presidida por el recién dimitido Pedro Calvo, ex concejal ya de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, no llevó a cabo lo que en el argot contable se denomina "test de deterioro".
Este análisis, establecido en las normas de contabilidad generalmente aceptados e incluidas en el marco normativo de información financiera aplicable a la sociedad, permite a las sociedades analizar si, como consecuencia de estas pérdidas, existen "indicios de deterioro del valor de sus activos no financieros".
Es decir si a la vista de la situación de mercado la sociedad necesita provisionar en su balance cantidades que reflejen ese deterioro y establezcan los valores recuperables o de realización de esos activos. En consecuencia KPMG asegura que ante "la imposibilidad de disponer de los valores recuperables (...), nos impide evaluar si existe necesidad de llevar a cabo correcciones valorativas adicionales". "En consecuencia -concluye-, no conocemos el efecto que este hecho pudiera tener sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011". Estas cuentas fueron aprobadas por el consejo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid "constituido como junta general de accionistas de la sociedad" el pasado diez de mayo de 2012, bajo la presidencia de Ana Botella.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado a Cinco Días que "una opinión de auditoría con salvedades en ningún caso quiere decir que los auditores tengan una opinión desfavorable sobre las cuentas o que no puedan opinar sobre las mismas." Explicaron que el 7 de mayo de 2012, la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de sus competencias de control financiero de las sociedades mercantiles dependientes, emitió un informe definitivo de auditoría financiera sobre las cuentas anuales de 2011 de Madrid Espacios y Congresos. En su informe indican no estar de acuerdo con una de las tres salvedades planteadas por KPMG Auditores, la relativa a la valoración de los bienes de dominio público adscritos a la sociedad. La Intervención General considera que el criterio que aplica la sociedad es el correcto
A pesar de que entre los responsables del Ayuntamiento de Madrid explicaron a KPMG la razón o razones por las que han decidido actuar de esta forma en la elaboración de esta cuentas, el auditor no ha considerado que las explicaciones y los argumentos de la empresa sean suficientes para eliminar las dudas y ha optado por mantener en las cuentas su salvedad.
Igualmente medios cercanos a la alcaldía aseguraron que en el caso de que a partir de ahora con una nueva gestión en el Ayuntamiento, la dirigida por la nueva alcaldesa Ana Botella, "se desvele que hace falta corregir o subsanar cualquier cosa, se hará sin duda".
Además de esta salvedad, KPMG reitera de nuevo sobre las cuentas de 2011, las dudas no resueltas que ya manifestó en 2010 con ocasión de la adquisición, por parte de la sociedad, del 51% que el ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, poseía en la sociedad Mercamadrid.
Madrid Espacios y Congresos se comprometió a pagar por esa participación un total de 186,3 millones de euros. El auditor asegura en su informe que "la sociedad no ha podido proporcionarnos documentación suficiente, ni nos ha sido posible aplicar otros procedimientos alternativos que nos permitiesen evaluar la razonabilidad de importe".
En su memoria de 2011 la sociedad explica que la operación ha quedado saldada al haber cerrado ya todos los pagos debidos al Ayuntamiento de Madrid. A diciembre de 2010 quedaban pendientes de pago 62,7 millones de euros, que han sido abonados en especie el Ayuntamiento con el traspaso de la propiedad de dos inmuebles en la capital.