Gobierno y PSOE acuerdan limitar el uso de avalistas en las hipotecas
El Gobierno y el PSOE han logrado acordar una serie de medidas para frenar los desahucios y paliar sus efectos sobre los colectivos más vulnerables. Una de ellas será una nueva regulación de la responsabilidad que tendrán los fiadores o avalistas en las hipotecas. También pactaron en 19.000 euros anuales la renta por debajo de la cual se suspenderá un desahucio.
La comisión formada por asesores del Gobierno y del PSOE ha retomado las negociaciones a última hora de esta tarde con el objetivo de cerrar un acuerdo que aprobará mañana el Consejo de Ministros en forma de decreto-ley. "Hemos avanzado en muchas cuestiones capitales, pero ahora resta consensuar los detalles y pactar la redacción correcta para cada uno de los asuntos", han asegurado a CincoDías fuentes cercanas a la negociación.
Finalmente se ha acordado modificar aspectos de la actual legislación hipotecaria. Entre ellos el del papel que deben desempeñar los fiadores o avalistas de un préstamo hipotecario. Durante el pasado boom inmobiliario y debido al elevado precio de las casas, muchos compradores de primeras viviendas debieron aportar como garantía adicional de su hipoteca los bienes de terceras personas, normalmente familiares o amigos. Así, en caso de ejecución hipotecaria por falta de pago, el banco podía no solo ir contra el deudor y su casa, sino también embargar el patrimonio de los fiadores.
"Ahora, las modificaciones propuestas definen mucho mejor esa responsabilidad del fiador, que será secundaria y se determina de forma mucho más tajante que la entidad financiera actúe en primera instancia contra el deudor", han asegurado las mismas fuentes.
Los expertos consultados admiten que se han dado casos en los que el fiador ha sido embargado como primera medida solo por el hecho de contar con un patrimonio más valioso que el deudor, por lo que su responsabilidad se sitúaba en el mismo nivel que la del titular del préstamo hipotecario.
Otro aspecto en el que estas fuentes han explicado que se han producido avances es en el papel que deberán desempeñar a partir de ahora las tasadoras. El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros establecerá una serie de requisitos mucho más duros a estas sociedades para que puedan proceder a realizar las valoraciones de los inmuebles. Se les impondrá nuevas exigencias de capital y un régimen de supervisión mucho más estricto.
Se quiere con ello asegurar que las valoraciones que emitan son de verdad independientes y no están condicionadas en virtud de la consecución del préstamo hipotecario. La reforma se plantea porque después del estallido de la burbuja inmobiliaria se señaló a estas empresas como presuntas responsables de las valoraciones artificialmente elevadas que después han desencadenado en cuantiosas pérdidas en los balances de promotoras y bancos.
Otro aspecto en el que a última hora de la noche ambos partidos consiguieron alcanzar el consenso es el umbral por debajo del cual se aplicará la suspensión del desahucio. Este se ha fijado en alrededor de 19.000 euros anuales, el equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), como proponía el PSOE, o 2,5 veces el Salario Mínimo Profesional, la propuesta del Gobierno.