El juicio en el que declara Cospedal por la demanda de un detective, en diciembre
El juicio que iba a celebrarse hoy en Coslada (Madrid), en el que iba a declarar María Dolores Cospedal, se ha suspendido por causas relacionadas con la huelga general y se celebrará el próximo día 12. Un detective ha demandado a la presidenta de Castilla la Mancha por haberle acusado de haberle investigado contratado por el PSOE.
La presidenta de Castilla la Mancha María Dolores Cospedal iba a declarar hoy en los juzgados de Coslada (Madrid), pero causas relacionadas con la huelga general han obligado a suspender el juicio, que se celebrará el próximo día 12 de diciembre. La agencia de detectives Detectives Almirante presentó una demanda contra la secretaria general del PP a finales del pasado año por haber sido señalado por esta y otros cargos de haber realizado investigaciones sobre su persona habiendo sido contratado por el PSOE. "Nos nos han dado explicaciones precisas, nos han dicho que ha sido por la huelga general y ya está, es un incordio importante, se había movilizado mucha gente", ha comentado a este diario Isidro García, de Detectives Almirante.
Isidro García, de la agencia de detectives, niega las acusaciones y asegura que a raíz de aquellos hechos ha perdido clientes y sufrido daños morales y personales. Los hechos demandados se remontan a principios del año pasado. En una rueda de prensa celebrada en Cuenca María Dolores Cospedal dijo: "Ya hay muchos de nosotros, con algunos ejemplos muy significativos, a los que el PSOE les ha puesto detectives privados". Las declaraciones de la secretaria general del PP, en plena campaña autonómica, causaron revuelo y al día siguiente el diario El Mundo publicaba el nombre de la agencia supuestamente contratada por el PSOE para espiar a dirigentes del PP, Detectives Almirante, dirigida por Isidro García, dato al que habría accedido el diario a través de fuentes no determinadas.
La presidenta de Castilla-La Mancha se reafirmó en sus manifestaciones un día después, asegurando que disponía de pruebas que confirmaban sus palabras y sugiriendo la posibilidad de que el PSOE hubiera contratado los servicios de investigación empleando dinero público. Acusaciones similares realizaron esos días Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, y Francisco Cañizares, portavoz del PP en Castilla-La Mancha, que también han sido demandados.