La ventaja fiscal de pagar el alquiler al empleado se prorrogará un año
El Gobierno finalmente prorrogará un año más los beneficios fiscales en el IRPF para los contribuyentes que trabajan en empresas que pagan el alquiler a sus empleados.
Es una práctica habitual entre las grandes empresas abonar el alquiler de la vivienda de sus directivos que se desplazan a España o cambian de ciudad por motivos laborales. Este tipo de retribución flexible supone una ventaja fiscal para el empleado y también para la compañía. La legislación vigente indica que cuando una empresa pague a su empleado el alquiler de la casa, éste deberá computar en su IRPF el 10% del valor catastral de la vivienda o el 5% si ha sido revisado. En el proyecto de Ley de medidas tributarias que acompaña a los Presupuestos para 2013, la normativa se modifica y se obliga a incluir como retribución en especie el coste real del alquiler. Ello supone un incremento fiscal en la medida en que ese 5% o 10% del valor catastral de una vivienda suele ser inferior al alquiler real.
Sin embargo, una enmienda presentada por el Grupo Popular contempla prorrogar el actual régimen fiscal durante el ejercicio 2013 siempre y cuando el contribuyente ya aplicara este tipo de tributación con anterioridad al 4 de octubre. El objetivo es que tanto la empresa como el trabajador dispongan, en palabras del Grupo Popular, "de tiempo suficiente para adaptar, si lo desean, la composición de sus retribuciones (dinerarias o en especie) a la nueva fiscalidad de la utilización de vivienda".
La enmienda, que cuenta con el aval de Hacienda, supone una concesión a las multinacionales, que habían presionado al Gobierno para mantener las ventajas fiscales con el argumento de que suponía un atractivo para captar personal cualificado. De hecho, como ya informó CincoDías en octubre, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, remitió una carta al Ejecutivo para advertir del daño que ocasionaba una medida que afectaba negativamente a "la movilidad geográfica de los trabajadores" y suponía un obstáculo para la retención de profesionales de talento, "un grupo de trabajadores que la economía española, en unos momentos como los actuales, no puede despreciar".
La carta de Malet ha logrado solo una tregua de un año y no, como era su objetivo, suprimir totalmente la reforma legislativa. Las multinacionales seguirán presionando para mantener el status quo de la fiscalidad de la retribución flexible, aunque sus posibilidades de éxito son escasas. No obstante, las empresas que tengan en régimen de propiedad las viviendas que alquilan a sus empleados mantendrán de forma indefinida la ventaja fiscal.
Así se puede reducir la factura del IRPF
Que una empresa pague el alquiler de su empleado es algo habitual para los directivos de multinacionales y supone una importante ventaja fiscal. Un ejemplo: una compañía asigna un sueldo bruto de 100.000 euros a un directivo, lo que equivale a un salario neto mensual de 5.182 euros. Supongamos que este contribuyente paga 1.000 euros al mes en el alquiler de una casa que tiene un valor catastral -que fue revisado recientemente- de 80.000 euros. Una opción para optimizar la factura tributaria de este contribuyente es que la empresa pague el alquiler, que supone 12.000 euros anuales. Ello implica que el directivo ahora tendrá un sueldo neto de 88.000 euros y la legislación actual imputa como retribución en especie el 5% del valor catastral. Para el ejemplo propuesto, supone 4.000 euros, cifra que se imputa como retribución en especie y eleva el salario total bruto a 92.000 euros. Con este plan de retribución flexible, el contribuyente, manteniendo la misma capacidad económica logra que el salario bruto que tributa en el IRPF sea de 92.000 euros en lugar de 100.000 euros. Es decir, 8.000 euros quedan libres de impuestos, lo que equivale a un ahorro de 4.000 euros. El cambio normativo que propone Hacienda acabará con esta ventaja.
Nuevo plan del Catastro para aflorar viviendas
El proyecto de Ley de medidas tributarias que acompaña a los Presupuestos de 2013 incluirá un plan especial del Catastro para aflorar viviendas que, actualmente, no están registradas. Así lo estipula una enmienda presentada por el Grupo Popular que denuncia que "que existe una realidad inmobiliaria no declarada que en la medida en que no se ha incorporado al Catastro no es objetivo de tributación". Por ello, la enmienda presentada propone un procedimiento de regularización catastral entre 2013 y 2016. Durante este período, el Catastro seleccionará a los municipios objeto del proceso con el propósito de haber cubierto todo el territorio cuando concluya el año 2016.El fin último es poner en marcha un "procedimiento de regularización que permita la incorporación de nuevos bienes al Catastro de manera ágil y operativa". Además, se establecerá una tasa de 60 euros para sufragar el coste de este plan y que deberá abonar el titular del bien que es objetivo de regularización.Otra de las enmiendas del PP indica que la nueva posibilidad que se otorga a los ayuntamientos de cobrar el IBI a edificios considerados históricos o singulares no afectará a inmuebles en los que se realice una actividad económica pero sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los organismos autónomos del Estado.Respecto al IVA, el Grupo Popular presentó una enmienda en el Congreso que impedirá modificar la base imponible del impuesto "con posterioridad al auto de declaración de concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con anterioridad a dicho auto".