El despacho Serrano Alberca y Conde creará una asociación de defensa a los expropiados
El despacho de abogados Serrano Alberca & Conde, especializado en Derecho urbanístico y expropiatorio, ultima la creación de la Asociación Nacional para la Defensa del Expropiado. Una iniciativa impulsada en plena oleada de concursos de acreedores entre las concesionarias de autopistas.
Serrano Alberca & Conde, uno de los despachos de abogados españoles más activos en pleitos relacionados con expropiaciones a cargo de la Administración, se ha lanzado a la puesta en marcha de la Asociación Nacional para la Defensa del Expropiado.
La iniciativa viene fraguándose desde hace tiempo, pero ahora entra en vía rápida al calor de la oleada de concursos de acreedores protagonizados por las concesionarias de autopistas.
Ayer fue la madrileña Radial 4, operada por Ferrovial, la que vio aceptado el concurso voluntario por el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid. A partir de este momento empieza a correr un mes de plazo para que los acreedores comuniquen sus créditos, que suman una cifra de 575 millones.
Previamente han entrado en concurso la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36 o la concesionaria de la R-3 y R-5, de un grupo de nueve autopistas inviables.
En muchos casos, a la deuda con los bancos se suman los impagos de expropiaciones que están generando intereses de demora. A los propietarios de suelo se les deben unos 1.600 millones, ante lo que el presidente de Serrano Alberca y Conde, José Manuel Serrano Alberca, calcula que hasta un 50% son intereses, según manifestó a CincoDías en una reciente entrevista.
En un primer paso, el despacho inscribió el colectivo la semana pasada ante el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior. Tras la redacción de los estatutos, se espera que la asociación esté operativa antes de que concluya el año.
Sus fundadores buscan aglutinar en un grupo la voz de los expropiados frente a la Administración. Asociaciones como esta suelen convertirse en plataformas de defensa jurídica. Ante los propietarios de suelo se abre ahora una situación con escasos precedentes en España: concursos de acreedores en los que el último responsable es el Estado a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración contemplada en los contratos concesionales de autopistas.