Lucha por mantener posiciones
El esfuerzo realizado por la comunidad científica biomédica española para tener un peso adecuado a la economía del país ha sido enorme, hasta cinco veces mayor que el de los países de nuestro entorno. Los continuos recortes económicos lo ponen en peligro. La situación está en el punto de no retorno, y los laboratorios de investigación y la industria luchan por mantener el nivel alcanzado por la investigación. Sobre el sector planea el cierre de 14 líneas de investigación del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia en noviembre de 2011, con el despido de 100 investigadores, más de la mitad de la plantilla.
"La I+D debe crecer de forma constante para ser competitiva en el mundo. Cuando disminuye su financiación, no solo se abandonan líneas de investigación; las que habían culminado quedan en nada porque no se desarrollan y no se aplican", asegura Antoni Andreu, subdirector general de evaluación y fomento de la investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El ISCIII, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, ejecuta la Acción Estratégica en Salud del Plan Nacional de I+D+i, y gestiona sus fondos, una partida de 293,44 millones de euros para 2012, que ha disminuido un 20,5% desde 2009. "La situación se repite en todo el mundo, pero en unos sitios más que en otros. Europa está perdiendo competitividad en Occidente, y España más", puntualiza Andreu.
El recorte del ISCIII es importante porque su presupuesto supone más del 90% de la partida pública nacional dedicada a la investigación sanitaria, según datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Peor que el recorte es la incertidumbre. El Plan Nacional de I+D+i es cuatrienal, y acaba de terminar. "Es crítico conocer la partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 porque determinarán la inversión de los próximos cuatro años", asegura Andreu.
La Generalitat tiene 21 centros de investigación biosanitaria
Cada medicamenteo nuevo requiere una inversión de 1.000 millones de euros
En este escenario, los centros de investigación luchan por mantener su plantilla, que realizan la mayor producción de documentos científicos publicados (el principal indicador de calidad) de España. "Se ha invertido mucho en grandes infraestructuras de investigación, y podemos dejar de hacerlo porque si nos falta equipamiento colaboraremos con otros centros. Pero nos ha costado mucho formar investigadores y atraer a los que estaban fuera, y debemos mantenerlos a ultranza porque los que se vayan a otros países no volverán", afirma Jesús Fernández Crespo, director del Instituto de Investigación del hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Uno de los 18 institutos de investigación sanitaria españoles de referencia internacional, que tiene 700 investigadores y un presupuesto de ocho millones de euros anuales. Los ha logrado mantener al compensar la caída de la financiación pública con la privada.
Obtener los ingresos es complicado. "Del Carlos III recibimos casi las dos terceras partes de la financiación pública, y otro tercio del Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión Europea. Programas europeos menores, la Dirección General de Universidades o la Comunidad de Madrid aportan partidas ocasionales", desgrana el doctor Fernández Crespo.
La financiación privada está más repartida. La industria aporta la mitad como pago de los ensayos clínicos, y el resto procede de las decenas de organizaciones no lucrativas como la Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Cris contra el cáncer, la Fundación Isabel Gemio o las de las hermanas Koplowitz.
Un galimatías económico que absorbe más tiempo del debido a los investigadores. Para obtener la financiación, los institutos deben presentarse a las convocatorias para proyectos concretos de investigación, realizadas por los organismos públicos y privados. "Suelen ser partidas anuales o trienales, aunque la mayoría de los proyectos duran de cinco a seis años. Esto nos obliga a repetir la memoria y la propuesta del proyecto, con el riesgo de no obtener el dinero para terminarlo. Sería más adecuado que la financiación contemplara el proyecto completo, como sucede en otros países", añade el doctor Fernández Crespo. La petición es antigua entre la comunidad científica española.
La investigación biomédica española pública está muy concentrada, tanto en centros como en autonomías. El grueso se realiza en los 18 institutos de investigación sanitaria de referencia, que están en los mayores hospitales del Sistema Nacional de Salud y trabajan con las universidades de su entorno. Siete están en Madrid, cinco en Cataluña, dos en Valencia, dos en Andalucía, uno en Galicia y uno en el País Vasco. El ISCIII tiene sus propios centros: tres prestigiosas fundaciones para investigación del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurodegenerativas, y varios centros de investigación cooperativa. Los centros de salud y de investigación autonómicos hacen el resto.
Para intentar ganar peso en este desequilibrio, el Gobierno andaluz puso en marcha el Plan Estratégico de I+D en Salud en 2006. "Una de las metas ha sido cerrar el ciclo de la investigación de los hospitales con empresas que comercializaran sus resultados para trasladar los beneficios a la sociedad", explica José Luis Rocha, secretario general de Calidad de la Consejería de Salud de Andalucía. Ahora tienen 1.844 investigadores en hospitales y centros asistenciales y 987 en los centros de investigación de nueva creación.
Han construido 70.000 metros cuadrados de laboratorios que investigan en células madre, nanomedicina o genómica, participados por farmacéuticas del prestigio de Pfizer o Roche.
"Hemos pasado de dos a 92 patentes anuales en cosas tan diversas como técnicas diagnósticas, vacunas, tecnología médica y algún medicamento. El Servicio Andaluz de Salud estuvo entre las 15 entidades con más patentes nacionales en 2010, y nuestras empresas están en 21 proyectos del Séptimo Programa Marco de Investigación", cuenta Rocha. Un logro conseguido gracias a la inversión pública de la comunidad. "Desde 2010 estamos invirtiendo 68 millones de euros cada año, que vamos a mantener porque es una inversión estratégica. Si pierdes el tren de la genómica o de la nanomedicina, no lo vuelves a coger", puntualiza Rocha.
Cataluña es punta de lanza en la investigación biomédica, y eso data de años. Los médicos del Clínic marcaron el camino cuando decidieron autofinanciar su formación en prestigiosos centros internacionales, en los años setenta. Fruto de ello fue la fundación del primer instituto de investigación biomédica de España, que hoy es el referente español gracias a sus 1.000 investigadores.
En 2000, la Generalitat decidió apostar por la investigación biomédica. Desde entonces ha construido 21 centros de investigación y ha realizado una campaña de captación de talento. "Ocho mil personas trabajando en la investigación biomédica pública ratifica el éxito. Se debe a que mantenemos el rumbo en la política científica, y los recortes económicos, de un 10%, son estructurales. No tocamos a los investigadores", asegura Marta Aymerich, responsable de investigación e innovación en salud del departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Su inversión pública en investigación biomédica está en la cabecera de la realizada por las administraciones autonómicas, 72 millones de euros en 2012.
En este mastodonte público, la Clínica Universitaria de Navarra (CUN) es una rareza privada. Su laboratorio de medicina nuclear aplicada a oncología es referente europeo y único en España. "Todos tenemos ideas e investigadores valiosos, lo más difícil es conseguir financiación debido a los recortes presupuestarios. Acudimos a las mismas convocatorias públicas para financiar proyectos, y no hay quien aborde la investigación si la financiación depende del dinero público. Se debe aumentar esta partida, pero es más necesario legislar para favorecer la privada. Una legislación de mecenazgo similar a la estadounidense multiplicaría la financiación de las fundaciones", reclama Nicolás García, director médico de CUN.
La creación de CIMA, una unión temporal de empresas participada por Amancio Ortega y El Corte Inglés, entre otros, es la solución para complementar la investigación de CUN. Entre ambas ejecutan una inversión anual de 15 millones de euros.
La industria realiza la mayor partida inversora en investigación. En 2011, 974,6 millones de euros, rebajados desde los 1.034 millones y por primera vez desde 2007. Su plantilla dedicada a I+D ha disminuido hasta las 4.490 personas, el nivel más bajo de los últimos años. "Es debido al impacto de las medidas de contención del gasto farmacéutico adoptadas en 2010 y 2011. Y esto es grave porque somos el primer inversor industrial de I+D, con el 20% del total", asegura Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria.
Un informe de KPMG resume que "la industria farmacéutica está siendo objeto de reiteradas modificaciones normativas que suponen continuas rebajas directas de precios para los medicamentos". Federico Baeza, subdirector general de COTEC, puntualiza que "los últimos decretos están condicionando el uso de genéricos y persiguen reducir el gasto farmacéutico".
El 93% de las farmacéuticas rebaja su carga fiscal por dedicar recursos a la innovación, según Lowendalmasai, pero eso no les compensa. Cada medicamento requiere una inversión de unos 1.000 millones de euros y de 10 a 15 años de investigación. "Si no generamos suficiente cash flow, no podemos invertir. La incertidumbre respecto al futuro (el 80% de nuestro mercado es gasto público) está dificultando la planificación de las inversiones", añade Urzay. Su caída arrastrará la investigación pública porque absorbe el 43% de la inversión en I+D realizada por la industria.
La situación empieza a tener consecuencias. Almirall, la primera farmacéutica en volumen de mercado e inversión en España, mira cada vez más al exterior. "El mercado de fuera me sube y el de España me baja", resume el presidente de la empresa, Jorge Gallardo, que pilota la política de internacionalización de su empresa. En 2012, la factura realizada en el exterior superará las ventas españolas por primera vez en la historia de Almirall. A pesar de ello, ejecuta el grueso de su partida inversora (150 millones de euros) en España.
Lilly, una de las multinacionales que más investigan en el país, ha reforzado su apuesta con "un centro de investigación para el desarrollo de nuevas moléculas, que es el mayor de Lilly en Europa", dice José Antonio Sacristán, director médico de Lilly España. La farmacéutica destinó 40,8 millones de euros a la I+D española, un 10% de lo facturado en el país, mientras que en Estados Unidos invierte el 20% de la facturación. "Las centrales determinan la estrategia de la inversión de las compañías", asegura Sacristán. La calidad de los investigadores españoles es la principal explicación dada por Lilly a su apuesta española ¿Por cuánto tiempo