Sanidad (privada) a prueba de crisis

No es ningún secreto que las familias recortan en gastos hasta donde pueden. La situación en España no está para tirar cohetes. ¿Y en la salud? ¿Están dispuestos los españoles a seguir pagando una póliza de seguro? Sobre todo teniendo en cuenta que existe una sanidad pública universal y gratuita de bastante buena calidad, ¿por qué pagarse entonces una mutua?

El mercado de los seguros de salud se ha resentido desde 2008 y ya no despunta a ritmos de casi el 10% como antes de 2007. Pero, aun así, el sector sigue creciendo aunque sea tímidamente. Los datos públicos de referencia, ofrecidos por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA) a junio de este año, muestran que el total de asegurados creció un 1,06% en los últimos seis meses y ya son 10,5 millones los ciudadanos asegurados. En primas, el resultado fue aún mejor, con un aumento del 3,16% interanual, hasta alcanzar los 3.384 millones de euros de ingresos en el primer semestre.

De las cinco primeras compañías aseguradoras, solo Mapfre perdió cuota de mercado, en un ranking que encabeza el grupo Mutua Madrileña (conformado por SegurCaixa-Adeslas y Aresa), seguido de Sanitas, Asisa y DKV.

Según Sanidad, las listas de espera en diciembre tenían 459.855 pacientes

El avance tecnológico es un factor que dispara la inflación sanitaria

La lógica apunta a la realización de fusiones, pero de momento no se ven

"La gente valora por encima de todo la salud y por eso mantiene sus seguros privados. Las empresas ofrecemos que tengan acceso rápido al médico y sanidad de calidad", apunta Luis Turreira, director ejecutivo comercial de Sanitas. El cliente busca "inmediatez en la respuesta a sus necesidades y trato personalizado", corrobora Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa.

Estas compañías saben que la lentitud de respuesta en la sanidad pública, para ciertas pruebas, consulta al especialista o intervenciones no urgentes, se convierte en su mejor baza. Y más con los recortes en gasto público. Las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad reconocen que la lista de espera quirúrgica en diciembre de 2011 se había engrosado con 67.813 personas hasta alcanzar los 459.855 pacientes. Y el tiempo medio también se había prolongado en ocho días de demora. Ya son 73 los días que se debe esperar (83 días en traumatología y 90 en neurocirugía, por ejemplo).

Aun así, los seguros que pagan las familias se resienten un poco. El motor en las pólizas continúa siendo la contratación colectiva, la que las compañías pagan a sus trabajadores y familiares. Estos seguros tienen ventajas fiscales, pues no se consideran retribución en especie hasta que no superan los 500 euros anuales por persona. "Nuestros datos nos muestran que los empleados valoran el seguro de salud como su beneficio favorito. Y las empresas lo saben, así que tienden a mantenerlo", explica Turreira. Mientras el número de asegurados individuales se mantenía (con una leve caída de un 0,02%), el de colectivos crecía un 3,87% y superaba en los seis primeros meses los tres millones de asegurados.

"Hay una salida de clientes particulares y una entrada de colectivos", confirma Teótimo Sáez, secretario general de SegurCaixa-Adeslas. Este veterano ejecutivo del sector no es tan optimista sobre la situación: "Bien es cierto que el seguro aguanta bien la crisis, y el de salud es el que mejor se comporta, pero el número de clientes no crece tanto como hace unos años. Además, hay una actualización de precios, ya que es inevitable que la prima siga subiendo porque el coste de la sanidad no hay quien lo pare. Así que los beneficios de las compañías se han apretado". El rápido avance tecnológico es, por ejemplo, uno de los factores que disparan la inflación sanitaria. Por eso, se espera que haya una concentración tanto en las aseguradoras como en las clínicas privadas, sobre todo en el caso de las más pequeñas. "La lógica indica que haya fusiones, pero de momento no las estamos viendo", apunta el directivo de Sanitas. "No descartamos nada en este sentido, aunque no tenemos por el momento ninguna operación en cartera", asegura el primer ejecutivo de Asisa, quien apunta que la falta de financiación frena las posibles nuevas adquisiciones en el sector.

"La evolución del mercado se produce con dientes de sierra, con muchas bajas y altas que se compensan", asegura Juan Abarca, director general de la Fundación Idis, un lobby que agrupa a las principales aseguradoras y grupos hospitalarios privados. Un portavoz de una de las compañías líderes reconoce que las aseguradoras han puesto en marcha agresivas campañas de captación e, incluso, retención de clientes. "En realidad, lo que se está produciendo no es tanto una bajada de precios como una adaptación del contenido de cada producto a las necesidades de cada tipo de cliente y a su capacidad económica", manifiesta De Porres. "Hemos tenido que lanzar nuevos paquetes básicos adaptados a la situación de los clientes, por ejemplo, que cubra solo pruebas diagnósticas o atención primaria", cuenta también el directivo de Sanitas. "Históricamente se ofrecía una póliza de servicios completa. Eso se ha acabado. Ahora se venden también productos más baratos", explica Sáez. Una adaptación total para que el cliente no se vaya y le compense seguir pagando su sanidad privada (o una parte de ella).

Aun así, hay una mayoría de españoles que no se puede permitir o no quiere pagar estos seguros. Unos 6,1 millones de ciudadanos utilizan esta asistencia sanitaria, a los que se suman 1,9 millones de funcionarios de las mutualidades como Muface (gestionadas por las aseguradoras privadas a cambio de una renta per capita), los 1,05 millones de las concesiones de hospitales públicos (también dirigidos por estas compañías) en algunas comunidades autónomas como Valencia y Madrid, y los 2,3 millones de salud dental. "Por ahorrar en lo público crecen las listas de espera. La sanidad privada aporta un valor muy importante a este país, pero se enfrenta a una demagogia solo por motivos ideológicos", cree el secretario general del Idis. "Claro que para nosotros se produce un beneficio, pero gracias a todos los ciudadanos que atendemos supone una descarga enorme de gastos para el sector público", añade. De hecho, pide que los 1,8 millones de empleados públicos de las autonomías, según sus cálculos, pasen a un sistema privado similar a Muface