Báñez quiere quitar la jubilación parcial y endurecer la anticipada
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene previsto presentar hoy en el Consejo de Ministros tres informes para reformar las modalidades de prejubilación. Entre otras cosas sugerirá la posibilidad de eliminar el retiro parcial y endurecer más el acceso a la jubilación anticipada. Y propondrá compatibilizar la pensión con un empleo.
La jubilación parcial es un "coladero" para el sistema de pensiones. Así han definido esta modalidad de retiro anticipado desde hace años, en público y en privado, distintos responsables de la Seguridad Social. Es un tipo de jubilación previa a los 65 años que interesa enormemente a las empresas y los trabajadores pero que supone un agujero para las arcas públicas de cerca de 2.600 millones de euros.
El trabajador puede reducir su jornada entre un 75 y un 85% según los casos; concentrarla en uno o dos meses al año (mientras cobra entre el 15% y el 25% del sueldo y el resto de pensión;y luego cuando llega a los 65 años accede a su pensión, sin ningún tipo de penalización (a diferencia de la jubilación anticipada que sí se penaliza).
Por ello, el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar hoy tres informes. Uno para reformar la jubilación parcial; otro para modificar el retiro anticipado y un tercero para posibilitar y fomentar la compatibilización del salario y la pensión una vez cumplida la edad de jubilación.
Fuentes cercanas al Gobierno precisaron que en el caso de la jubilación parcial el informe del Ministerio de Empleo planteará varios escenarios de reforma, entre los que estará llegar a eliminar este tipo de jubilación de la propia ley. Si bien también se propondrán otros endurecimientos alternativos que no conlleven su desaparición.
Por el contrario, para la jubilación anticipada el Gobierno estudia medidas que endurezcan su acceso, como por ejemplo elevar el número de años cotizados exigidos, ahora fijados en 33. En otros países europeos se exige haber cotizado más de 35 años para poder jubilarse antes de la edad legal de retiro, por lo que el Gobierno podría plantear la elevación de este requisito en línea con otros países comunitarios.
Asimismo, otra posibilidad para hacer más difícil el retiro anticipado sería equiparar su edad de acceso
en todas sus modalidades a los 63 años; ya que ahora esta fijada esa edad para la jubilación anticipada voluntaria y los 61 años si el trabajador procede de un despido.
Igualmente, Empleo podría plantear endurecer los coeficientes penalizadores para recortar la pensión, a partir de la edad de jubilación, de los trabajadores que opten por esta jubilación
El tercer informe que presentará hoy Báñez al Consejo de Ministros, propondrá un cambio normativo que permita compatibilizar salario y pensión una vez cumplida la edad legal de jubilación.
En la actualidad sólo se permite cobrar una pensión y seguir trabajando después de los 65 años a los trabajadores autónomos que menos del salario mínimo interprofesional. Por lo que, Empleo quiere extender esta compatibilidad a más trabajadores. Si bien el diseño de esta medida esta aún "muy abierto" y todavía no se han fijado porcentajes ni situaciones concretas de compatibilización.
Además se trataría de fomentar esta medida de alguna forma. Y existe un incentivo para seguir trabajando más allá de los 65 años que consiste en reconocer entre un 2% y un 3% más de pensión por cada año en activo de más hasta los 70; solo el 10% de los nuevos jubilados se acoge a ella.
El Pacto de Toledo intentará consensuar las medidas
Los informes que verá el consejo de ministros serán remitidos inmediatamente a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es el órgano que estudia y adopta todas las reformas en materia de pensiones.
De hecho, la intención del Ejecutivo es que estas próximas modificaciones legales cuenten también con el consenso de todos los grupos parlamentarios, presentes en esta comisión.
No obstante, no existe ninguna norma legal que obligue a que sea el Pacto de Toledo la que legisle en esta materia.
Así, en función de cómo marche el debate en el seno de esta comisión, el Gobierno tomará una decisión u otra. Así podría intentar llevar a acabo estas modificaciones a través de un proyecto de ley, que admitiría cambios de los grupos durante su tramitación. O bien aprobar un real decreto con los cambios, lo que sería más rápido y no permitiría al resto de partidos incorporar sus propuestas al texto legal.
En cualquier caso, la utilización de un decreto debería estar justificada por cuestiones de urgencia, algo que se podría producir si, por ejemplo, se registrara un importante número de altas de jubilación parcial al sistema que supusieran un daño adicional para las cuentas de la Seguridad Social.
Dicho todo esto, desde Empleo se intentará que esto no ocurra e intentarán que los futuros cambios cuenten con el respaldo del mayor parte posible del arco parlamentario.
En condiciones normales, no habría muchas dificultades para conseguirlo porque en anteriores análisis realizados por el Pacto de Toledo sobre el impacto de estas jubilaciones en la caja ya se había llegado a la conclusión de era necesario ponerles coto. De todas formas, las reformas no estarán en ningún caso listas antes de fin de año.