España participa en una iniciativa que podría recaudar 37.000 millones de euros

Bruselas da luz verde a la Tasa Tobin en 10 países

La Comisión Europea ha dado hoy su luz verde a la propuesta presentada por 10 países, entre ellos España, para instaurar un impuesto a las transacciones financieras sin esperar a la unanimidad de los 27 socios de la UE.

Bruselas acepta que 10 países de la UE pongan en marcha la Tasa Tobin. La Comisión Europea espera que este visto bueno para seguir adelante con el proyecto sea confirmado en la reunión de noviembre del consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin). Si es así, a partir de ese momento los 17 países contrarios a la llamada Tasa Tobin ya no podrán bloquear la iniciativa. Bruselas considera que la tasa ayudará a compensar la benevolencia fiscal que disfruta el sector financiero en Europa. Bruselas calcula que ese sector paga 18.000 millones de euros menos al año de lo que le correspondería en función de su envergadura.

El nuevo impuesto será del 0,1% para las acciones y del 0,01% para los derivados, según la propuesta manejada hasta ahora por la CE. Bruselas calculaba que su aplicación en toda la UE generaría unos ingresos de unos 57.000 millones de euros al año. Pero Reino Unido y Luxemburgo, sede de grandes centros financieros, figuran entre los socios que no adoptarán la nueva tasa.

La CE recuerda que los 10 países participantes (Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Portugal, Austria, Grecia, Eslovenia y Eslovaquia) suponen dos tercios del PIB comunitario, que según los cálculos del instituto alemán Institute for Economic Research (DIW), citados por Oxfam, tendrían un potencial de recaudación de 37.000 millones de euros.

El visto de bueno de hoy confirma que Bruselas considera que la iniciativa cumple los criterios fijados por el Tratado de la Unión para poner en marcha las llamadas "cooperaciones reforzadas", un modelo de integración selectiva que solo se ha iniciado hasta ahora en el caso de la patente comunitaria (con la ausencia de Italia y España). La CE cree que el impuesto sobre las transacciones financieras en 10 países redundará en beneficio del mercado interior, reducirá las divergencias impositivas y no discrimina al resto de socios, porque no impiden que apliquen sus propias tasas al sector financiero.