El PSOE asegura que conculca principios constitucionales

El Grupo Socialista presenta una enmienda a la totalidad a la reforma energética

Las nuevas medidas fiscales a la producción eléctrica son confiscatorias, arbitrarias y vulneran el principio de capacidad económica. Así lo consideran los socialistas en la enmienda presentada anoche. En su opinión, la nueva ley no atajará el déficit de tarifa ni protege el medio ambiente.

El Grupo Socialista en el Congreso presentó anoche una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que supone, entre otros, la aplicación de un impuesto del 6% a todo tipo de generación. Para los socialistas, el nuevo impuesto conculca principios constitucionales, los de política tributaria y no protege el medio ambiente. El Gobierno ha perdido una oportunidad -añade- para abordar una verdadera reforma y no atajará con esta norma el problema del déficit tarifario.

Al tratarse de un impuesto directo, el sujeto pasivo tiene la posibilidad de repercutirlo en el precio final, sin embargo, señala la enmienda, "el Gobierno ha errado al elegir la estructura del nuevo impuesto", pues solo lo productores que participan en el mercado pueden trasladar este coste, pero no así los de renovables que perciben una tarifa o prima. Debido a esta discriminación económica y jurídica entre productores, el Grupo Socialista considera que la norma es "confiscatoria". También es arbitraria, pues tendrá un impacto diferente por sectores industriales y vulnera el principio de capacidad económica (no se puede gravar por encima de cierto nivel de ingresos), de igualdad y progresividad. Todo ello va contra la Constitución, según la enmienda.

El proyecto de ley crea tres nuevos impuestos (otros dos nucleares y un canon hidráulico) que, según los socialistas, no tienen en cuenta el impacto económico sobre los consumidores, la posición competitiva de España o los riesgos reales de desabastecimiento en los sistemas extrapeninsulares. Además, los productores españoles serán discriminados respecto a los que viertan su energía desde Francia, Portugal o Marruecos, a los que no se gravará.

Considera también que se produce una doble tributación (ya existe un Impuesto a la Electricidad), pues el hecho imponible es el mismo. Otro tanto ocurre con los tributos nucleares (gestión de residuos radiactivos o almacenamiento en el ATC), pues las eléctricas ya pagan una tasa por los costes de gestión.

Pero quizás lo más grave, según la enmienda, es "el desconcierto interpretativo" de la disposición adicional segunda, que establece el destino del dinero que se recaude con unos impuestos que, aunque pretenden atajar el déficit de tarifa, no lo logrará. La citada disposición señala que se asignarán "créditos presupuestarios" a la financiación de determinados costes del sistema eléctrico "vinculados al fomento de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética". Según varias sentencias del Supremo, estos programas no deben ser financiados en la tarifa -recuerda el PSOE- y las primas de las renovables deberían externalizarse.

En paralelo, tambien el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentó anoche una enmienda a la totalidad del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para el Sector Energético, por considerar que implicará una subida de impuestos que no resolverá el problema de déficit de tarifa ni el de la sostenibilidad ambiental.

Según opinó el grupo, esta Ley sólo es un "parche" del Gobierno para cubrir el déficit tarifario del sector mediante la imposición de gravámenes que, a su juicio, son discriminatorios, carecen de justificación económica o ambiental y "acabarán pagando los consumidores y los generadores más eficientes".

EAJ-PNV considera que el Ejecutivo nacional debería haber planteado una "verdadera reforma energética", que establezca un modelo energético sostenible y sus costes, de forma que se garantice la sostenibilidad económica, la seguridad del suministro y se "descarbonice" la producción de electricidad.

El grupo ha argumentado en favor de la retirada del proyecto de Ley que su objetivo es recaudatorio y se aleja de lo expresado en su texto, donde alude a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

La solución al problema energético "no puede pasar por el incremento de impuestos a las industrias, ni cánones a las hidráulicas", afirmaron, ya que, a su entender, perjudican a la competitividad del sector y, en consecuencia, al empleo.

A su juicio, la imposición de tasas sobre las ventas de energía y el céntimo verde del gas, tendrá efectos "devastadores" en los resultados de las empresas manufactureras e industriales así como en las centrales hidraúlicas.

En este sentido, ha criticado que el proyecto se haya elaborado sin un estudio exhaustivo de los efectos colaterales que puede tener la Ley y que no aborde las medidas para resolver las ineficiencias del sistema