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Íñigo de la Serna, presidente de la FEMP

"Aún no hemos hablado con Hacienda de limitar sueldos y reducir ediles"

La voz de los ayuntamientos españoles defiende que las entidades locales son la única Administración que está reduciendo su nivel de endeudamiento público. Íñigo de la Serna rechaza la idea de suprimir ayuntamientos como un mecanismo eficiente de ahorro público

Presidente de la FEMP, alcalde de Santander y valor en alza en el Partido Popular, Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) solo tiene parabienes para el Gobierno de Mariano Rajoy y el diálogo abierto con los municipios para aprobar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. De la Serna asegura que los municipios están comprometidos con la reducción del déficit público y prevé que la reforma local acotará la "falta de financiación estructural" de los ayuntamientos.

Pregunta. ¿Cree que los ayuntamientos colaboraron activamente a inflar una burbuja inmobiliaria que explica, en buena parte, la crisis actual?

Respuesta. Los ayuntamientos tienen competencia en el ámbito urbanístico y establecen los modelos territoriales, pero en cualquier caso, son modelos supervisados y aprobados por órganos dependientes de las comunidades autónomas. No creo que haya que hacer ninguna asignación de culpabilidad a una Administración en concreto.

P. Existe la idea en la sociedad de que los alcaldes no supieron ahorrar en los tiempos de bonanza y despilfarraron un dinero que hoy es más necesario que nunca. ¿Cree que esta es una generalización injusta o tiene algo de verdad?

R. Es cierto que en su momento se hicieron cosas que ahora no se harían. Pero no podemos hablar de manera general de excesos en el ámbito municipal. Basta mirar las cifras para ver que los ayuntamientos han sabido corregir sus situación.

P. ¿Qué responsabilidad tienen los ayuntamientos en el deterioro de las finanzas públicas?

R. Los datos dicen que el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos sobre el conjunto de toda la deuda pública [76% del PIB] es del 3,4%. Y somos la única Administración que ha rebajado los límites de endeudamiento. Lo hicimos en 2011 y también en lo que va de año. En términos objetivos, los ayuntamientos somos los que mejor nos ajustamos a los parámetros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

P. ¿En qué punto se encuentra el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local?

R. Hablamos constantemente con el Gobierno. El Ministerio de Hacienda nos presentó un documento que hemos estudiado y trasladamos al Gobierno nuestras impresiones. Hacienda se ha comprometido a rehacer ese documento y volver a enviárnoslo para que podamos opinar. Hay que felicitar al Gobierno por el proceso de diálogo.

P. ¿Hay muchos alcaldes que cobren más que un ministro (68.891 euros al año)?

R. Eso no forma parte del anteproyecto.

P. Pero aparecía en el informe que estudió el Consejo de Ministros.

R. Se habló, pero no significa que aparezca en el proyecto de ley, como tampoco se incluye la reducción de concejales.

P. Entonces, ¿no se limitará el sueldo de alcaldes y concejales?

R. En esa ley no, otra cosa es que el Gobierno a través de otras normas aborde temas de ese estilo.

P. ¿Sobran 21.388 concejales como apuntó el Gobierno?

R. No hemos hablado con el Gobierno de limitar sueldos ni de reducir concejales. Dicho esto, defendemos que habrá que hacer un análisis sobre cuál es la estructura municipal y estudiar el número de liberados. Habrá que analizarlo todo. En muchos municipios, especialmente los pequeños, los concejales no cobran nada y hacen una gran labor. Puede haber medidas que tengan una mayor cobertura desde el punto de vista mediático, pero que su impacto económico sea pequeño.

P. ¿Le molestó que los diputados del PP aplaudieran a Rajoy cuando anunció que reduciría al 30% el número de concejales?

R. No. Lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy es lo que tiene que hacer un Ejecutivo responsable. Lo fundamental de la reforma local es evitar duplicidades, delimitar las competencias y garantizar la suficiencia financiera a los servicios que prestamos, algo que actualmente no sucede. Aunque quizás haya que hacer gestos para trasladar un mensaje a la sociedad aunque no tengan un impacto económico.

P. ¿Hasta qué punto los ayuntamientos han asumido esas competencias impropias por cálculos electorales?

R. Nosotros no vamos a decir que todos los servicios puestos en marcha han sido por obligación. Pero también hay que decir que somos la Administración más cercana, somos los primeros en escuchar a quien tiene un problema. Y eso nos obliga a poner en marcha mecanismos para la gente que lo está pasando mal.

P. Pero esa gente seguirá llamando a su puerta tras la reforma local.

R. Sí, pero la ley establecerá mecanismo de lealtad institucional que permitan que una Administración no pueda legislar sobre otra o asumir servicios que no son de su competencia. La nueva norma establecerá qué debe hacer cada poder público. Y en caso de que las comunidades deleguen competencias, deberán garantizar su financiación.

P. ¿Sobran ayuntamientos?

R. Esta es otra de las medidas que puede sonar bien, pero sin impacto económico. Por eliminar un municipio no se genera recorte de gasto, sino por la vía de compartir recursos y servicios que puedan aportar economías de escala.

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