El PSOE seguirá defendiendo en el Parlamento el modelo actual

La oposición busca un pacto para librar a la CNC de la fusión de los reguladores

El PNV y CiU quieren aprovechar el trámite parlamentario de la ley de fusión de los reguladores sectoriales (CNE y CMT) y la autoridad de la Competencia para intentar dejar a este último organismo al margen de la integración, un modelo similar al alemán. Por el momento, el PSOE defenderá la independencia actual de estos organismos, aunque la posición del PP de dinamitarlos es firme.

El proyecto de ley por el que se fusionarán la autoridad de la Competencia (CNC) y los reguladores sectoriales, principalmente la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ya está en el Parlamento. Como es conocido, todos estos organismos se integrarán en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El trámite parlamentario, que podría prolongarse hasta finales de año, es una oportunidad que los partidos de la oposición quieren aprovechar para evitar que se aplique en España este modelo de regulador casi único en el mundo.

En un principio, los nacionalistas del PNV y de CiU estarían dispuestos a pactar, cuando menos, que Competencia quede al margen de la integración de los organismos sectoriales, en línea con el modelo que existe en Alemania, donde el regulador de las redes eléctricas y de las telecomunicaciones están unidos, pero se mantiene independiente la autoridad de la competencia.

El PSOE, por el momento, va a seguir defendiendo en el trámite parlamentario a los reguladores existentes y se opondrá a la nueva CNMC, aseguran fuentes de este grupo. Sin embargo, la decisión firme del Partido Popular, que mostró su disposición a dinamitar estos organismos ya antes de llegar al Gobierno, hará inútil la actual posición socialista, aseguran otras fuentes políticas. Además, si toda la oposición se une al proponer la solución intermedia (que Competencia, cuya naturaleza es diferente a la de la CNE o la CMT), quede al margen de la fusión, habría alguna posibilidad de lograr un consenso con los populares.

Por el momento, tras imponer al Consejo de Estado su informe preceptivo por trámite de urgencia y, pese a las reticencias de este organismo a algunos aspectos de la ley, esta podría aprobarse a finales de año. Una vez aprobada, será preciso elaborar un reglamento orgánico de funcionamiento de la nueva Comisión, que tendrá dos meses de plazo para formar el nuevo consejo, cuyos miembros serán nombrados por el Gobierno y ratificados por el Parlamento.

Posteriormente, se abriría un plazo de otros cuatro meses para reconfigurar los equipos y nombrar a los directores generales que se ocuparán de cada área (una por cada regulador desaparecido:_competencia, energía y telecos, que incluirían, según los casos, las funciones de otros reguladores, como el audiovisual, el ferroviario o el postal). Estos directores serán nombrados por el Gobierno, lo que, según los más críticos, restará independencia a la nueva CNMC.

Se desconoce si en ese plazo convivirán los actuales consejos de administración con el de nueva creación, para poder seguir tramitando los asuntos, aunque, dados los antecedentes, todo apunta a que los actuales consejos de la CNC, CMT y CNE serán destituidos de inmediato.

Sea como fuere, el reglamento orgánico de la CNMC debe atar muchas cuestiones que la ley deja en el aire. Por ejemplo, se desconoce si además de la sede de Madrid, habrá alguna subsede, por ejemplo, en Barcelona, que es donde actualmente se ubica la de la CMT. Algunas fuentes políticas dudan que el Gobierno de Rajoy tenga tal deferencia con Cataluña, dado el enfrentamiento con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los independentistas catalanes.

Aunque la Comisión Europea ha puesto objeción a un modelo que resta independencia a Competencia, y convierte a los reguladores en meros supervisores, por el momento, no ha pasado de meros reproches informales. De hecho, el Gobierno no reconoce la oposición comunitaria a su proyecto.

Al presidente lo nombrará también el Gobierno

Entre el anteproyecto de ley de creación de la CNMC y el proyecto que ha llegado al Congreso no hay apenas novedades. La más relevante es que cambia el régimen de designación del presidente y el vicepresidente que, frente a la propuesta original, no serán elegidos por y entre los propios consejeros, sino que, como sucede en la actualidad, será también el Gobierno quien acordará dichos nombramientos, que deberán ser ratificados en el Congreso.

El Consejo de Estado publicó a mediados de septiembre el dictamen preceptivo sobre el anteproyecto y en el criticó casi todos los aspectos de la reforma, aunque siempre en un tono suave. Sin embargo, este pasó por alto una cuestión importante: si se conculca la legalidad y la independencia de los organismos al extinguirse de forma prematura los mandatos de los consejos de administración de los distintos organismos que se van a disolver o fusionar (solo en sus funciones supervisoras, pero no reguladoras). Esto es, la autoridad de la Competencia (CNC); la Comisión Nacional de la Energía (CNE); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). Y es que no es la primera vez que un Gobierno del PP transforma un organismo (en su día creó la CNE y eliminó la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico) con el objetivo de relevar en el cargo al presidente y los consejeros nombrados por sus antecesores en el Ejecutivo.

Al respecto existe un antecedente investigado por Bruselas sobre la agencia de protección de datos de Hungría, un organismo al que se cambió de nombre y se convirtió en órgano colegiado y fue destituido su director. Los reguladores en vías de disolución elaboraron en su día informes muy críticos.