Las cotizaciones solo soportan el 62% del gasto en desempleo
Las prestaciones bajan el 6% y el 34% las políticas activas.
Los gastos totales del Servicio Público de Empleo descienden en 2013 un 11%, como consecuencia del descenso de las dos grandes políticas de la institución: la política activa de empleo, y la pasiva, la que únicamente paga prestaciones por desempleo. Ambas han de experimentar descensos por las políticas de recortes de gasto del Gobierno, obligadas por las exigencia de Bruselas de cumplir con el objetivo de déficit del 4,5%.
Aunque la política de protección por desempleo es cíclica y debería experimentar fuertes aumentos cuando lo hace el paro, en el próximo ejercicio se reducirá por dos motivos. Primero por el hecho de que aunque sigue destruyéndose empleo, el ritmo se atenuará notablemente en 2013, y la inmensa mayoría de los desempleados han agotado ya las prestaciones. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Empleo ha recortado la prestación por desempleo desde el mes séptimo de cobertura para el régimen contributivo ya en julio pasado. Con estas dos circunstancias, el gasto de las prestaciones será de 26.993 millones de euros, un 6,3% menos que este año.
De esta partida el nivel contributivo (el seguro) absorberá 19.368 millones de euros, para dar cobertura a 1,3 millones de beneficiarios, mientras que el subsidio, incluida la renta agraria, se dotará con 5.865 millones de euros, para 1,062 millones de personas; con 664 millones, el subsidio REASS para 115.000 personas; y con 797, la renta activa de inserción, que se repartirá entre 155.000 beneficiarios.
Cómo se financia
La prestación por desempleo se ha financiado siempre con las aportaciones de los trabajadores que conservan el empleo y los patronos, y de hecho así ha sido hasta el año 2007, con registro incluso de superávits presupuestarios. Pero desde entonces el servicio de empleo precisa de importantes aportaciones del Estado para costear todas las prestaciones. Así, en el año 2013 el Estado tendrá que aportar 10.340 millones de euros, nada menos que el 38% del volumen de las prestaciones. Así, las cotizaciones solo soportan un 62% del total del coste.
Por lo que se refiere a la segunda gran política del Servicio Público de Empleo, la ayuda a la búsqueda de trabajo y las bonificaciones a las empresas para la contratación, ha experimentado un fuerte recorte en 2013. Nada menos que de un 34,6%, con un gasto agregado de 3.765 millones de euros.
Entre los organismos autónomos y entes públicos tienen especial relevancia por el volumen de recursos que manejan el Fondo Español de Garantía Agraria (Ver cuadro), o el Fondo de Garantía Salarial, con un presupuesto de 868 millones de euros y un recortes de sus recursos de un 32%. La mutualidad general de funcionarios civiles del Estado absorbe 1.589 millones de euros; las confederaciones hidrográficas consumen 871 millones; y la Jefatura de Tráfico, 845 millones.