Euskadi alega en el Constitucional su facultad para evitar el copago
El País Vasco alegará ante el Tribunal Constitucional (TC) su ámbito competencial en sanidad para no aplicar el copago farmacéutico y atender, como hasta ahora, a los inmigrantes sin papeles.
El Gobierno vasco abrió ayer un nuevo frente con el Ministerio de Sanidad al ratificar su política de no aplicar el copago sanitario y mantener la asistencia sanitaria universal. El Gabinete presidido por Patxi López hizo pública ayer la batería de argumentos jurídicos que presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) que suspendió, a instancias del Estado, el decreto del Ejecutivo de Euskadi para sostener estos servicios. Las alegaciones se presentarán antes de que concluya el plazo máximo, previsto para el próximo 28 de septiembre.
Aferrado a que la sostenibilidad financiera del sistema vasco de salud "no está en cuestión" por sustentar las prestaciones actuales, el Gobierno vasco alega que tiene capacidad y competencias para aumentar las prestaciones básicas establecidas por el Ministerio de Sanidad. Su apoyo es que, según su criterio, el Estatuto de Gernika reconoce la capacidad de aprobar decretos en este campo al reconocer la facultad de desarrollar y ejecutar la competencia básica estatal.
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, y el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, afirmaron ayer en Vitoria que el decreto que sortea las directrices aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "respeta escrupulosamente el artículo 149.1.16 de la Constitución española" que fija las competencias exclusivas del Estado. Añadieron que el citado artículo de la Carta Magna fija como competencia el establecimiento de bases y coordinación general de la sanidad "en la medida que es doctrina consolidada del TC que la competencia estatal se fija en el punto de partida y límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad Autónoma Vasca en defensa del interés general la competencia asumida por el Estatuto de Gernika".
Condiciones básicas
El Gobierno vasco argumenta en materia de gasto farmacéutico que los cambios estructurales que en este campo ha abordado el Ejecutivo de Vitoria (receta electrónica, programa para la mejora de los pacientes crónicos polimedicados y el consumo de genéricos) "permiten afirmar que el gasto farmacéutico se mantendrá contenido en los próximos años. Señalan para apoyar esta tesis, que "resulta ilustrativo a estos efectos señalar que la evolución del mismo ha pasado en el año 2011 de un incremento del 3,8% a un decremento del 7,4% este ejercicio", según las previsiones que manejan.
El decreto del Gabinete de Patxi López está ahora en la mesa del Tribunal Constitucional que deberá resolver el asunto antes del próximo mes de enero. Entre tanto, en Euskadi, los inmigrantes podrán acceder a la sanidad universal.
Para ello el Ejecutivo vasco sostiene que "al margen de otras consideraciones como el derecho de todas las personas a la protección de la salud y del deber ético del profesional de atender sin discriminar" la denegación al colectivo de inmigrantes de estos servicios "implicaría una mayor frecuentación a las urgencias, resultando finalmente mucho más costoso, tanto en términos económicos como clínicos". Añade que la continuidad asistencial de estas personas "no sería la deseada" y que se produciría "un riesgo de seguridad clínica".
El conflicto
7,4% es la reducción de gasto farmacéutico prevista por el Gobierno vasco para este año gracias a la aplicación de medidas alternativas al copago.
28 de septiembre es la fecha límite para presentar las alegaciones al Constitucional. Este deberá resol-ver en enero el contencioso en materia competen- cial que mantienen Admi-nistración central y vasca por el copago y la atención sanitaria universal.
Beteta asegura los mismos recursos a las regiones
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se mantendrán las cuantías destinadas a financiación autonómica, mientras que se reducirán las que "tienen que ver con la gestión estatal".En declaraciones a Telemadrid, Beteta respondió de esa manera a las críticas que el sistema de financiación está recibiendo de las comunidades, con gobiernos de distintas procedencias como es el caso de la Valenciana, Murcia o Madrid, todos ellos gobernados por el PP, Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE) o Canarias (Coalición Canaria). "Suman más del 90 por ciento de la tarta. ¿A quién beneficia entonces?", se preguntó Beteta.El secretario de Estado explicó que el problema que afrontan estas regiones en la actualidad es que el traje que se le hacía a la medida se ha vuelto estrecho porque el dinero del que pueden disponer los gobiernos regionales es más escaso. "Como la tarta se ha reducido, es necesario saber si sirve de algo cambiar el sistema de reparto. Todo el mundo dice que el sistema es injusto por insuficiente. Pero ¿insuficiente por el método de reparto o porque la tarta es escasa?", apuntó.Antonio Beteta zanjó de esa manera esa cuestión asegurando que aunque sea injusta, la actual ley no se va a cambiar y hay que cumplirla, aunque se está revisando sus resultados, como obliga la propia norma. Asimismo alabó el esfuerzo de austeridad que están realizando todos los gobiernos autonómicos, que están a su juicio "estigmatizados". El buen resultado del primer semestre se refrendará, a su juicio, en la evolución de las cuentas porque tendrán todos sus efectos los decretos de recortes en educación, sanidad y función pública. "Los efectos positivos en las arcas públicas también los vamos a ver", dijo.