Un informe jurídico duda de la legalidad de eliminar la extra a los funcionarios por decreto
Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra muestra las dudas de los letrados sobre la posibilidad de eliminar la paga extra de los funcionarios por decreto-ley, aunque apunta que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional parece avalar la prevalencia de una medida estatal sobre la foral en este tipo de casos.
En el informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra , emitido a petición de la Mesa y la Junta de Portavoces y conocido hoy por estos órganos parlamentarios, se indica que el Estado, a través del decreto-ley, pretende configurar la medida de supresión de un derecho retributivo reconocido en el Estatuto del Empleado Público con carácter básico.
A juicio de los letrados, esta medida "constitucionalmente arriesgada" tiene, sin embargo, su fundamento en cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala este tipo de medidas referidas principalmente a las retribuciones y otros aspectos económicos de los empleados públicos, "máxime en unos momentos en los que las propias decisiones del Estado están condicionadas por los compromisos en torno al déficit publico que derivan de los tratados comunitarios".
Un hipotético recurso de inconstitucionalidad, se indica en el informe, debería tener presente, desde un punto de vista formal, la "inidoneidad constitucional" del decreto-ley tanto para modificar un derecho retributivo de los funcionarios públicos como la ley de Presupuestos vigente.
Dicho argumento, sin embargo, no es definitivo, señalan los letrados, que destacan que tampoco está definitivamente resuelto, en el estadio actual de la jurisprudencia constitucional, si un decreto-ley puede introducir a mitad de ejercicio "una medida tan drástica como la supresión de un derecho retributivo básico de los funcionarios públicos".
En el informe se asegura que la jurisprudencia del TC sobre la prevalencia de los títulos de contenido económico sobre otros derivados de la tradicional competencia histórica de Navarra sobre funcionarios públicos, "parecen inclinar en el momento histórico presente, la eficacia de una medida estatal, con las dudas expresadas", para validar una medida como la contemplada en el decreto-ley. Los letrados subrayan no obstante que "pertenece al ámbito de la oportunidad política", en la que el informe "ni quiere ni puede entrar a valorar", si una medida "que afecta tan de lleno al núcleo de la tradicional competencia del régimen foral sobre función pública", puede "ser admitida sin más" por la Comunidad Foral. Entre otros aspectos, en el informe se analiza asimismo la posibilidad de presentación de un recurso a los artículos del decreto-ley sobre medidas de liberalización de horarios comerciales y se concluye que se trata de "una competencia exclusiva de desarrollo en el marco de la legislación del Estado".