Medidas fiscales a las eléctricas

Muchas sombras y pocas luces en las medidas de Soria

El proyecto energético no supone reforma alguna, sino una subida de impuestos que pagará el consumidor.

Pese a la evidencia de que no se trata de una reforma (y mucho menos estructural), el viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, se empeñaron en seguir calificando como tal un proyecto de ley cuyo título habla por sí solo: medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Que la reforma está pendiente lo demuestran las reacciones de las compañías del sector reclamando una reforma de verdad.

El propio ministro aseguró que el Gobierno podría abordar en el futuro algunos cambios regulatorios, como la rebaja de 10 a 5 kW la potencia requerida para tener derecho a la tarifa de último recurso.

Teniendo en cuenta que las medidas fiscales tampoco servirán para solucionar el problema del déficit de tarifa, que sí requiere una reforma a fondo de los costes y el funcionamiento del sistema, también el término sostenibilidad sobraría.

Muchos de los datos y tópicos ofrecidos no sin confusión el viernes, merecen alguna aclaración.

24.000 millones de déficit de tarifa es el dato congelado al que Mariano Rajoy y sus ministros se vienen aferrando desde que llegaron al poder y coincide con la liquidación de la CNE del año pasado. El titular de Industria no se ha molestado en actualizarlo, pese a que son varios millones de euros los que se siguen generando cada día. La cifra real se acercaría más bien a los 29.000 millones de euros.

Déficit cero en 2013 es, según Soria, el objetivo de "la reforma energética" aprobada por el Gobierno. En realidad, el ministro oculta que se trata de una obligación que marca una ley del Gobierno de Zapatero que, en 2009, fijó un calendario de reducción progresiva del déficit de tarifa entre ese año y 2013. La ley solo permitía para cada año un límite máximo de déficit reconocible y titulizable con el aval del Estado, el resto de desviaciones de costes debía cobrarse en la tarifa a los consumidores. En cualquier caso, el déficit no será cero mientras el acumulado desde hace más de una década se siga pagando en la factura de la luz.

El déficit ha sido generado "por Gobiernos anteriores", reiteró el viernes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Lo que no dijo es que buena parte del generado este año corresponde al Gobierno del PP, que ha trasvasado la única partida de los Presupuestos que asume costes de la tarifa (las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares) de nuevo a la tarifa. Además, se ha visto obligado a subir la tarifa de acceso en más de un 20% por decisión del Tribunal Supremo por una denuncia de las eléctricas. Entre los datos que provienen del limbo se puede considerar "la subida de la factura eléctrica en un 43% que sería necesaria sin los nuevos impuestos", a la que Soria se refirió sin más el viernes.

Las tres falsas patas. Industria volvió a referirse en una nota de prensa al esfuerzo para solucionar el déficit de tarifa "de forma equitativa entre consumidores, Administración y compañías productoras de electricidad del régimen ordinario y del régimen especial". A nadie escapa que serán los consumidores los que paguen, a través de la tarifa, unos impuestos que el Gobierno recaudará vía empresas. El único esfuerzo del Estado es el de asumir como deuda pública la amortización del déficit anual, que supone 2.100 millones. Un favor a las empresas.

Soria contra Montoro. Aunque el Gobierno ha querido quitar hierro al conflicto abierto entre Soria y su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, dando a entender que ha habido consenso, la comparación entre la propuesta que Industria presentó en julio y la aprobada habla por sí sola: 4.600 millones de recaudación en el primer caso, frente a los 2.900 millones, del segundo.

Malestar en las empresas

Unesa: la patronal de las grandes eléctricas criticó el viernes que el Gobierno haya presentado una ley de medidas fiscales "dejando una vez más a nuestro país sin reforma energética". Para Unesa, subir los impuestos en vez de reducir los costes regulados del sistema no es una solución al déficit.

AEE: la patronal de las eólicas cifró en 241 millones el coste para la eólica en 2013 y pide al Gobierno que, una vez resuelto el problema del déficit, abra un marco regulatorio para la eólica.

Y Garoña se libró de la polémica tasamalestar en las empresas

Aunque el ministro de Industria subrayó el viernes que el Gobierno había aprobado dos impuestos nucleares, lo cierto es que solo se trata de uno sobre la generación de residuos radiactivos, que es repercutible a los consumidores. Con él, el sistema ingresará 270 millones en tres años, sin contar Garoña, según José Manuel Soria. Fuentes del sector aseguran que se trata de una medida para "salvar la cara", después de que las presiones de las eléctricas hayan logrado abortar la tasa prevista sobre la producción nuclear, con la que Industria quería recortar los beneficios llovidos del cielo de unas instalaciones amortizadas y no era repercutible al consumidor.

La amenaza de esta tasa ha desencadenado una guerra entre Endesa e Iberdrola con Industria que, después de plegarse a sus deseos de prorrogar la vida de Garoña (cuyo cierre decretó el Gobierno anterior), se han negado a solicitar la renovación del permiso. Según las compañías, la prórroga de Garoña supone ya unas inversiones de 100 millones a las que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear y los test de estrés por Fukushima y con una tasa añadida no sería viable. El nuevo impuesto especial sobre los residuos convivirá con la tasa que ya pagan las eléctricas destinada a la gestión de residuos y el desmantelamiento del parque nuclear.