La litigiosidad laboral se dispara en contra de lo previsto por la reforma
Los casos laborales llegados a los juzgados de lo social y de lo mercantil en el primer trimestre de 2012 indican que tras mes y medio de aplicación de la reforma laboral -que entró en vigor el 12 de febrero- la litigiosidad se ha disparado. Esto contradice las previsiones del Gobierno y del propio Poder Judicial, que ha previsto una caída de casi un 1% en la actividad de la jurisdicción social este año.
Cuando se conoció el contenido de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, una de las primeras advertencias de muchos abogados y magistrados del sector fue que la nueva normativa supondría un aumento del número de casos que llegarían los juzgados de lo social. Y, transcurridos ya seis meses con el nuevo marco legal, la inmensa mayoría de los implicados siguen de acuerdo en llamar la atención sobre este efecto negativo de la reforma.
Sin embargo, los responsables gubernamentales negaron rotundamente esta consecuencia desde un principio. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, argumentó en varias ocasiones que uno de los principales cambios de la reforma consistía en clarificar las causas en los despidos objetivos para facilitar su procedencia y evitar así "su excesiva judicialización".
En esta misma línea, las proyecciones elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial estiman que en 2012 la jurisdicción social registraría un descenso del número de casos pasando de los 437.691 de 2011 a 434.415 en el presente ejercicio. Esto supondría un descenso de casi el 1% en el número de asuntos judiciales laborales. Y aunque se trataría de un descenso leve, los primeros datos estadísticos conocidos ya dan al traste con esta tendencia de menor judicialización prevista por Gobierno y Poder Judicial.
Así, según un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el impacto de la crisis en los juzgados, en el primer trimestre del año las demandas de despidos registrados en la jurisdicción social sumaron 33.651, un 10,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo la reforma tampoco ha ayudado a mantener muchas empresas ya que el número de concursos llegados a la jurisdicción mercantil fue de 2.541, un 20% más, y los incidentes laborales y de expedientes de regulación de empleos (ERE) dirimidos en esta última jurisdicción se incrementaron un 70%, hasta los 615.
Fuentes del sector creen que el mes y medio de aplicación de la reforma laboral en este trimestre -ya que entró en vigor el 12 de febrero- ha influido en este aumento de la litigiosidad. En concreto, apuntan dos cambios legales que amparan un mayor recurso a los jueces: que los despidos colectivos por causas objetivas sean ahora recurribles a la jurisdicción social (antes pertenecían a la contencioso-administrativa); y la eliminación del despido exprés (que eran siete de cada diez extinciones) y que daba la posibilidad al empresario de reconocer la improcedencia del despido y abonar su indemnización llegar al juzgado.
Ahora, la práctica totalidad de este tipo de despidos ya ha ingresado en los juzgados, según los datos que maneja el Ministerio de Empleo. Los datos de este departamento sobre los asuntos judiciales resueltos en este primer trimestre en los juzgados de lo social también reflejan un aumento del 5,2%.
Juicios a más de un año vista
Y la preocupación de laboralistas y jueces ante estos datos es su consecuencia práctica: el retraso en las resoluciones judiciales. Tradicionalmente las sentencias de despido solían dictarse en cuatro o cinco meses y las de reclamación de cantidad en seis o siete. Esto ha cambiado hasta el punto de que, por ejemplo, la junta de jueces de lo Social de Sevilla haya pedido en junio la creación urgente de seis nuevos juzgados ante la "crítica" situación de los existentes, con juicios fijados para 2014 y 2015. Jueces consultados explican que en otras provincias se están señalando los juicios en el orden social para un año después de la presentación de la demanda. "Si en cualquier jurisdicción esto es inaceptable, en lo social más todavía", añade. Lo óptimo es que transcurran entre la entrada de la demanda y el juicio entre "cinco y seis meses", pero no más.
Jueces de refuerzo y juzgados bis
En el listado de necesidades de creación de nuevos juzgados o plazas de magistrado en órganos colegiados, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos demandan la creación de 31 nuevas sedes de lo social para terminar con el atasco que afecta a esta jurisdicción. Las comunidades con mayores necesidades son Andalucía (8 juzgados), Castilla-La Mancha y Castilla y León (cuatro en cada caso). En España hay 345 juzgados de lo social. Además, harían falta crear 12 plazas adicionales de magistrado en las salas de lo social de los TSJ.Fuentes judiciales explican que esta es una relación de "necesidades mínimas" porque en realidad la jurisdicción de lo social necesita que se duplique el número actual de jueces. En todas las jurisdicciones, los TSJ creen necesarios 295 nuevos juzgados y 114 plazas de magistrado.Los jueces consideran que "no tiene ni pies ni cabeza" que este colectivo quede afectado por la decisión del Gobierno de congelar la oferta pública de empleo para los años 2012, 2013 y 2014 cuando la ratio de jueces por 100.000 habitantes en España (11) está muy debajo de la media Europa. En 2010, Justicia aprobó la creación de 50 plazas de jueces y magistrados de adscripción territorial, una nueva figura en el sistema español destinada a cubrir vacantes en juzgados que estén sin juez titular por un periodo superior a tres meses. Las fuentes consultadas explican que estos jueces de refuerzo podrían desatascar el orden social, pero no ha habido convocatoria de más plazas en 2011 ni 2012. Otra solución que proponen los jueces es la creación de nuevos juzgados bis, auxiliares de los oficiales pero aprovechan los medios humanos y materiales de estos.