La refinería Balboa enfrenta de nuevo economía y ecología

Una iniciativa ciudadana inicia una campaña de recogida de firmas a favor del proyecto

Al proyecto de refinería en Extremadura del empresario Alfonso Gallardo le siguen saliendo aliados después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tumbara definitivamente su construcción por su potencial impacto ambiental. La plataforma Refinería sí inició este martes una campaña de recogida de firmas para que el Gobierno revoque la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable sobre el proyecto del grupo Gallardo en la finca San Jorge, en la localidad de Los Santos de Maimona, cerca de Zafra.

"Todavía no hemos perdido. Todos nuestros contactos y asociados de Extremadura y de Andalucía están firmando", según el portavoz de la plataforma, Pedro Pecero, recoge Europa Press. La iniciativa, que el martes había recogido 300 firmas, defiende que el proyecto de Gallardo es "técnica y medioambientalmente viable" y que su prohibición "es un atropello".

El ministerio de Miguel Arias Cañete emitió la semana pasada una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa sobre la refinería y los 200 kilómetros de oleoducto necesarios para la descarga de petróleo que atravesarían Andalucía. El ministerio ha considerado que la idea es "medioambientalmente inviable por su potencial impacto sobre la zona marítima del espacio natural del Parque de Doñana, el más emblemático de la red de espacios protegidos".

Los defensores de la instalación están dispuestos a llevar el caso ante la Comisión Europea

De poco valieron las promesas de Gallardo de que no se derramaría petróleo desde el oleoducto, diseñado para pasar a 20 kilómetros del espacio natural. El empresario recordó entonces que otras empresas como Cepsa o Decal desarrollan actividades similares en este entorno, por lo que no se añadirían nuevos riesgos a los ya existentes.

La refinería Balboa ha sido el caballo de batalla de los ecologistas desde 2005, no solo por el riesgo de vertido sino también por la gestión de los residuos peligrosos, los olores de la refinería y el impacto sobre el paisaje de la Vía de la Plata, que forma parte del Camino de Santiago. Para la organización Greenpeace, "no tenía sentido económico ni social. España ya tiene una sobrecapacidad en refino de hidrocarburos". Portugal también se posicionó en contra del proyecto por su proximidad a la frontera y al embalse de Alqueva, que hubiera estado situado a solo 100 kilómetros de la planta de refino.

A la plataforma ciudadana que apoya a Gallardo se han sumado los empresarios extremeños, que juzgan la decisión de Cañete de "estafa para Extremadura", según ha declarado la Asociación de Empresarios de Zafra. Este organismo argumenta que "los distintos gobiernos han aprobado la instalación y ampliación de diversas refinerías en España. Además de la refinería de Cepsa en Huelva, el Mediterráneo acoge multitud de plantas petroleras sin incidentes reseñables", explica la asociación en un comunicado.

Con la resolución ministerial, prosiguen los empresarios, se está "condenando" a Extremadura "al entierro en la pobreza y en el abandono y a muchas familias, desempleados y trabajadores que solo les quedará la emigración para poder vivir". La refinería prometía la creación de 3.000 empleos. Tras la negativa del Gobierno, Gallardo ha pedido que le dejen construir la planta y luego se vea si es viable o no, con independencia de las luchas políticas entre los partidos PSOE y PP y los sindicatos, a las que se ha visto sometido su proyecto.

Adiós a 2.000 millones de inversión

La refinería que Gallardo aún quiere levantar en Extremadura requería una inversión de 2.000 millones de euros y contaba con Shell como socio tecnológico.El proyecto arrancó oficialmente en 2003, cuando el presidente electo de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció en su discurso de investidura la implantación de la refinería.La primera memoria de los promotores sobre el proyecto se publicó en 2005, y con ella la creación de plataformas y foros a favor y en contra de la refinería. La necesidad de construir un oleoducto que atravesara el Parque Nacional de Doñana llevó el debate hasta Andalucía y después a Portugal, por la proximidad de su frontera. La Junta exigirá la devolución de los diez millones de euros invertidos.