Los asesores auguran el fracaso de la amnistía fiscal
Los asesores fiscales no se fían de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en marzo y auguran su fracaso si Hacienda no ofrece mayor seguridad al contribuyente. Entre otros temores, sospechan que la Agencia Tributaria utilice los datos facilitados para ulteriores inspecciones y sanciones.
La amnistía fiscal con la que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones sigue en vigor y, pese a los esfuerzos de Hacienda, la desconfianza de los asesores, que son la correa de transmisión entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes, no mengua. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) acaba de remitir al Gobierno un informe en el que advierten de las muchas sombras que rodean al proceso.
La declaración tributaria especial, para decirlo a la manera de Hacienda, afecta exclusivamente al IRPF, impuesto sobre la renta de no residentes e impuesto sobre sociedades. Es muy probable que la renta aflorada en el proceso de la amnistía revele que también se dejó de tributar por otros impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o Patrimonio. Algunos asesores recomiendan que, junto a la declaración especial, se presenten regularizaciones voluntarias de los impuestos no incluidos en la amnistía.
Hacienda se afanó en aclarar que los datos que se presenten tendrán "carácter reservado", sin embargo, Aedaf alerta de que ello no implica que la Administración Tributaria tenga "restringida la utilización de la información de quienes se acojan a la declaración tributaria especial". De hecho, temen que, a partir de los datos facilitados, Hacienda pueda iniciar procedimientos de comprobación e investigación. Todavía hay quien recuerda que en la última amnistía de 1991, un contribuyente terminó siendo procesado por delito fiscal.
Aedaf alerta de que el Tribunal Constitucional podría dar la razón al PSOE, que recurrió la amnistía al entender que debería haberse aprobado a través de una ley ordinaria y no de un real decreto. Los asesores recomiendan que se inicie el trámite de una nueva norma en el Congreso para dar confianza a los contribuyentes y evitar que el Constitucional tumbe el proceso. Además, reclaman que se amplíe el plazo para acogerse a la amnistía, que finaliza el 30 de noviembre.
La mayoría opta por agotar el plazo
Hacienda y los asesores fiscales coinciden en que la amnistía ha levantado gran expectación entre los contribuyentes. Sin embargo, se impone la cautela y los defraudadores que finalmente se acojan al perdón tributario optarán por apurar el plazo para presentar la declaración especial, que finaliza el 30 de noviembre.La Cadena SER informó el mes pasado que solo se habían presentado 116 solicitudes. Ello parece lógico, ya que el impuesto sobre el patrimonio correspondiente a 2007 prescribía el 30 de junio. Este tributo no está amparado por la amnistía, que permite aflorar dinero evadido tributando a un tipo de solo el 10%.
