La Fiscalía Anticorrupción se opone a la intervención judicial de Bankia

El Ministerio Público ha advertido que una intervención judicial de Bankia sería una medida "temeraria" que pondría en riesgo a la economía nacional. Además considera que ni UPyD, ni el colectivo 15-M tienen legitimidad para pedir una medida de ese tipo.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto hoy a la petición de intervención judicial de Bankia solicitada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de la instrucción sobre las presuntas irregularidades cometidas por el antiguo consejo de administración del banco.

Según fuentes personadas en la causa, el Ministerio Público ha advertido que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. Ha defendido, además, que ninguno de los dos querellantes goza de legitimidad para pedir una medida de este tipo.

En la comparecencia, celebrada para examinar la solicitud de los dos querellantes, el juez ha escuchado la declaración de un único representante de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002.

Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, el representante ha defendido la legalidad de la gestión del banco y ha explicado que los cambios en las cuentas de la entidad -que los querellantes interpretan como una manipulación- se debieron principalmente a que sus gestores tuvieron que amoldarse a hasta 12 cambios en la regulación bancaria realizadas por el Gobierno en el último año.

El representante de Bankia, que ha defendido la gestión del consejo de administración imputado, y ha agregado que las modificaciones en las cuentas no respondieron a "un cambio de criterio contable sino a una modificación de la estimación". "No existe percepción de error en la fusión" que creó la entidad, ha añadido.

Además, el miembro del servicio jurídico de la entidad ha desvelado que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, ya tenía preparado un plan de saneamiento alternativo cuando presentó un resultado de 300 millones de beneficio, en el ejercicio en 2011. Fuentes jurídicas han avanzado que el juez Andreu tomará su decisión en los próximos días.

El juez ha escuchado los argumentos de ambos y las alegaciones del resto de partes personadas en la causa, es decir, los representantes legales de aquellos acusados ya personados en la instrucción.

El Ministerio Público, primero en intervenir a través del fiscal Alejandro Luzón, ha coincidido en su oposición a la intervención con la postura defendida por los abogados de los 33 imputados, que también han rechazado la medida propuesta por UPyD y el 15-M.

Así, Anticorrupción ha indicado en la comparecencia que UPyD, como acusación popular, no tiene legitimidad para solicitar medidas de tipo civil, sino únicamente penal. Tampoco el colectivo 15-M -que representa a una decena de accionistas y está personado como acusación particular- puede hacerlo, dice el fiscal, ya que la solicitud de intervención está sólo prevista para los trabajadores o acreedores de la entidad que quieran reclamarla y no para los propietarios de acciones.

En la misma línea que Fiscalía y su advertencia de "temeridad" el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha advertido de la inconveniencia de intervenir judicialmente el banco y ha asegurado que esto sería "letal" y una clara muestra de "desconfianza" hacia el propio Fondo y, por tanto, el Estado.

Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.

También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.

Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.

El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.