Una tarifa aún menos social que cuando se creó
Si usted trabaja y gana solo 700 euros al mes, tiene dos hijos y su potencia contratada es superior a 3 kW (no puede tener menos, pues, dadas sus necesidades de consumo, le saltaría el automático) no se moleste en solicitar la bonificación social de la tarifa eléctrica, pues no tiene derecho a ella. Ni siquiera si su cónyuge o uno de sus hijos está en paro y no cobran la prestación por desempleo. Eso sí, si usted tiene tres hijos, aunque disponga de un sueldo excelente (pongamos, por ejemplo, 5.000 euros al mes), ¡enhorabuena!, podrá optar a dicho beneficio social por ser familia numerosa. Podría darse la circunstancia de que la primera persona antes aludida fuese una empleada del hogar de la segunda.
Este ejemplo, utilizado en su día por CincoDías para demostrar que el bono de la tarifa tenía poco de social, también puede servir ahora para demostrar de una manera gráfica que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que elimina la obligación de que sean las eléctricas las que lo financien, dicho bono es más regresivo y antisocial si cabe. ¿Por qué? Porque, para colmo, nuestra ficticia empleada del hogar sufragaría desde marzo en su recibo de la luz la tarifa social de su empleador y le financiará, además, en facturas sucesivas, toda la bonificación que ha obtenido desde su creación en julio de 2009.
Entre las medidas ideadas por el Gobierno para reducir el déficit de tarifa, algunas de las cuales ya aprobó el último Consejo de Ministros, figuraba "un nuevo mecanismo de financiación del bono social", valorado en 99 millones de euros. Finalmente, esta medida no se incluyó en el real decreto-ley de estabilidad presupuestaria que recogía un primer paquete energético, que se completará con nuevos tributos sobre la venta de electricidad, que podrían aprobarse en este Consejo de Ministros o el siguiente.
Se desconoce en qué consiste dicho mecanismo de financiación. Fuentes del sector creen que se trata de una nueva ponderación para que el bono social lo paguen, además de las grandes eléctricas (discriminación anulada por el Supremo), el resto de empresas generadoras del sector. Otra posibilidad que se ha barajado es que el Gobierno reduzca el número de colectivos o de beneficiarios de la citada tarifa social.
En cualquier caso, según la ley de 2009 de creación del bono social, la vigencia era hasta 2013, el mismo año en que se dejaría de admitir por ley la generación de nuevos déficits de tarifa (titulizables con el aval del Estado y con cobro diferido a 20 años). Sin embargo, una directiva comunitaria establece el concepto de "consumidor vulnerable" para otorgar beneficios sociales en la tarifa. Aunque en España dicho concepto se aplica a "quien disfruta del bono social", sería conveniente que cuando se revise, se tenga en cuenta la renta per cápita del usuario para que pueda recibir dicho bono.
