Una paga extra menos a los funcionarios y más ajustes en el empleo público

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado esta mañana que los funcionarios no cobrarán la paga extraordinaria de Navidad. Tampoco la recibirán los diputados y senadores. C-SIF, el mayor sindicato de la función pública, ya amenaza con la convocatoria de una huelga general en septiembre.

"Es necesaria una revisión integral de la función pública". Con esta frase, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado entrever la necesidad de someter a las administraciones públicas a un severo proceso de adelgazamiento. Y las primeras pautas de esa dieta pasan por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a todos los empleados públicos, incluidos los diputados y senadores, con la que se pretende lograr un ahorro de 4.000 millones de euros. El presidente ha detallado que los empleados públicos recuperarán el poder adquisitivo perdido en aportaciones al fondo de pensiones a partir de 2015, lo que ha disparado los rumores sobre el hecho de que la supresión de la paga no sea solo para este año, sino que se extenderá a los dos siguientes. Esa posibilidad, sin embargo, no ha sido todavía confirmada por nadie del Ejecutivo.

A la espera de conocer los detalles de la medida, que el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comunicará a los sindicatos esta tarde en la Mesa de la Función Pública, la central más representativa de la Función Pública (C-SIF) ya ha anunciado movilizaciones en julio y agosto y planteará el viernes la posibilidad de convocar una huelga general en septiembre.

En esa revisión también podría entrar, aunque Rajoy no fue muy claro en ese aspecto, un fuerte ajuste de las plantillas con cargo a las Administraciones Públicas. El Ejecutivo tiene en su punto de mira a 690.000 contratados laborales, que tienen todas las papeletas para empezar a abandonar sus puestos de trabajo si la coyuntura así lo requiere.

Otras medidas que anunció el presidente del Gobierno se refieren a la reducción de los días de libre disposición, más conocidos como "moscosos" (en la actualidad cada empleado público dispone de seis a lo largo del año) y al ajuste del número de liberados liberados sindicales "a lo dispuesto estrictamente en la ley". Otra modificación que supondrá un importante ahorro de dinero se refiere a la rebaja en las prestaciones por incapacidad temporal. Hasta ahora, los funcionarios cobraban íntegro su salario durante el tiempo que permanecieran de baja; a partir de que se apruebe la reforma, los empleados públicos dispondrán del mismo régimen que los del sector privado, que establece que se cobrará el 60% del salario entre el cuarto y el vigésimo día de baja y el 75% a partir del vigésimoprimero. Con esta medida se persigue además reducir los elevados niveles de absentismo en la función pública.