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Según recoge el informe Perspectivas para el empleo 2012

España necesita 3,2 millones de empleos en 2014 para volver al nivel previo a la crisis

España necesita crear 3,2 millones de puestos de trabajo para recuperar la situación de empleo anterior a la actual crisis, según recoge el informe Perspectivas para el empleo 2012, publicado ayer por la OCDE. Pese a la bajada en el número de parados registrada en España en junio, la tasa de paro de España seguirá siendo alta debido a las débiles perspectivas de crecimiento económico, y alcanzará el año que viene el 25,3%, lo que implicaría un incremento de ocho décimas respecto a la previsión del 24,5% contemplada para este ejercicio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y volvería a situar a España como la economía desarrollada con mayor nivel de desempleo. Es decir, que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar estaría parado.

En el corto plazo, la institución reconoce que la mejora del mercado laboral "depende en gran media de la recuperación económica, por lo que está determinada por factores que los Gobiernos no pueden controlar directamente". La situación de los jóvenes, según el documento, es "especialmente preocupante", porque el paro y otras dificultades laborales a edades tempranas de la vida laboral "podrían estar mermando tanto las trayectorias profesionales de largo plazo como sus perspectivas de ingresos futuros".

Según los cálculos de la organización, un descenso del PIB en España incrementaría la tasa de desempleo una media de 0,6 puntos porcentuales en los próximos cuatro años, frente a los 0,15 puntos con los que esa misma situación repercutiría en Japón, una diferencia que surge de las respectivas políticas públicas.

Otro informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) corrobora este negro panorama esbozado por la OCDE y apunta que si no se cambian las políticas, en cuatro años la eurozona puede perder otros 4,5 millones de puestos de trabajo. Asegura que se está poniendo en entredicho la primacía de los objetivos fiscales como elemento vertebrador de la estrategia política.

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