Las cajas podrían verse obligadas a deshacerse de sus bancos, según el memorando del rescate

España acepta la desaparición "ordenada" de los bancos no viables

Ya es oficial. Europa ha hecho públicas las condiciones que impondrá a España por el rescate a la banca. Habrá más intervención de Europa y menos competencias para el Ministerio de Economía. Las cajas podrían verse obligadas a deshacerse de su posición de control en los bancos, las preferentes y la deuda subordinada asumirán pérdidas y España se compromete a la desaparición "ordenada" de entidades si esa es la mejor opción.

La hoja de ruta que deberá seguir España como contrapartida del rescate a la banca ya está clara. Europa ha hecho público el borrador del Memorando de Entendimiento acordado entre Bruselas y el Gobierno español para la recapitalización del sistema financiero y en él constan 32 condiciones, cada una acompañada con la fecha precisa en la que debe estar en marcha. Algunas son macroeconómicas, otras restan competencias al Ministerio de Economía en favor del Banco de España (siempre bajo la tutela del Banco Central Europeo) y también las hay, y muchas, que recaen sobre el sector financiero.

Son 20 las páginas que comprometen el futuro económico y financiero de España con los deseos de Bruselas y en alguna de ellas el Gobierno español se ha comprometido a asumir cuestiones con las que no ha estado de acuerdo en el pasado, según recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario. Y no solo en las condiciones macroeconómicas, a las que le ata la exigencia de cumplir a rajatabla la rebaja del déficit, sino también en el campo financiero. ¿La más dolorosa? La que obliga a la desaparición "ordenada" de entidades. Pero Bruselas es tajante: España debe estar preparada para ello si resulta que es la mejor opción.

Las candidatas a este final son cuatro, todas ellas citadas en el memorando con nombres y apellidos. Son las que ya son propiedad del Estado: Bankia, Catalunya Caixa, NGC Banco y Banco de Valencia. Estas cuatro entidades forman parte del llamado Grupo 1 que señala Bruselas, compuesto por firmas que son públicas porque sus problemas han obligado a la nacionalización. Su futuro (o falta de él) tendrá que estar diseñado antes de mediados de agosto.

Para identificar el resto de los grupos habrá que esperar a los test de estrés a la banca que están realizando las cuatro grandes auditoras y que tutelará una consultora privada. En octubre se conocerán los resultados, según el calendario de Bruselas. De ahí surgirá el Grupo 0, el lugar al que todos los bancos querrán pertenecer porque ahí estarán quienes no necesiten ni capital ni medidas adicionales para sobrevivir. Pero también habrá un Grupo 2, donde se inscribirán las entidades que necesitarán capital y serán incapaces de encontrarlo por sí mismas, así que requerirán ayudas públicas. España tendrá que tener listos planes de reestructuración para ellas en octubre y tampoco se descarta que alguna desaparezca de forma ordenada.

Por último, está el Grupo 3, con entidades convencidas de que podrán resolver por ellas mismas su falta de capital. También en octubre tendrán que presentar planes creíbles de recapitalización. Podrán acudir a medidas internas o venta de activos, pero si parte de su programa se basa en ampliar capital, Bruselas establece que tendrán que hacerlo a través de bonos contingentes convertibles (los famosos cocos) a partir de determinado porcentaje.

Europa también tiene planes para el sector al margen de las necesidades de capital de cada entidad. En los despachos comunitarios hace tiempo que se mira con suspicacia a las cajas de ahorro y ahora el memorando habla incluso de impedir que estas firmas tengan el control de bancos. Así, España ha aceptado preparar antes de finales de noviembre una legislación que clarifique la capacidad de las cajas como controladoras de bancos con la intención final de que tengan que reducir su participación hasta dejarla en un nivel minoritario. Bruselas habla de la posibilidad de que alguna entidad que haya recibido ayuda pública salga a Bolsa, aunque la probabilidad de que esos planes sean un éxito dadas las condiciones del mercado y la situación de la banca española es mínima.

Como estaba previsto, los bancos que reciban ayudas deberán transferir sus activos problemáticos a una sociedad de liquidación (un banco malo), recortar sucursales y plantilla, vender participaciones industriales y activos no estratégicos, no podrán pagar dividendo y deberán limitar el salario de sus ejecutivos.

Asimismo, aquellos inversores que posean títulos híbridos (participaciones preferentes) y deuda subordinada de los bancos que reciban ayudas deberán compartir las pérdidas, para reducir la factura a los contribuyentes. Ellos asumieron un riesgo al comprar estos valores y Bruselas considera que deben afrontarlo antes que los demás.

Tampoco se sale del guion esperado la obligación a todo el sector de elevar la ratio de capital al 9% al menos hasta que termine 2014.

Y luego llega la parte en la que el Ministerio de Economía cede competencias. El Gobierno ha tenido que firmar en el documento que avala el rescate el compromiso de dar un papel más preponderante al Banco de España. A partir de ahora (cuando se establezca la nueva regulación), será esta institución la que tenga la potestad sancionadora (actualmente en manos del Ministerio de Economía) y la que otorgue las licencias para la banca española. Eso sí, con la sombra del Banco Central Europeo (BCE) siguiendo con lupa sus pasos.

Como parte del acuerdo con Europa, el Gobierno español se compromete también a informar, con carácter semanal, del nivel de depósitos bancarios y de la posición de liquidez de las entidades y, cada tres meses, del nivel de deuda soberana que atesoran los bancos en sus carteras.

Por último, está la vertiente macroeconómica. España se compromete a cumplir a rajatabla la rebaja del déficit y a implementar las reformas estructurales que hasta este momento eran solo una recomendación de Bruselas. Pero la situación cambia tras el rescate y ahora son obligatorias. Y ahí está la subida del IVA, la eliminación de la deducción por vivienda, la reforma del mercado laboral, la eliminación de las barreras empresariales o profesionales y el establecimiento de la interconexión eléctrica con los países vecinos.