Las fotovoltaicas dicen que la tasa del Gobierno las condena a la insolvencia
Si el Gobierno aprueba un gravamen a la generación renovable que perjudicaría a las menos eficientes, muchos de los proyectos se verán abocados a la insolvencia o el concurso de acreedores, según la asociación Unef. La medida se incluye en la reforma energética del Gobierno, que podría ser un impuesto en lugar de una tasa, que recaudaría, por tanto, Hacienda.
La Unión Española Fotovoltaica (Unef) advirtió ayer que una tasa sobre la generación proporcional a la eficiencia de las instalaciones repercutiría especialmente sobre la energía fotovoltaica y condenaría al sector al default o la suspensión de pagos, en alusión a la información publicada ayer por CincoDías. Fuentes de dicha asociación aseguraron a Europa Press que las plantas fotovoltaicas "ya no pueden asumir más recortes" tras la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2010, en el que se redujeron las horas con derecho a prima de estas instalaciones con el objetivo de ahorrar cerca de 700 millones de euros al año al sistema eléctrico.
De esta forma, con la aplicación de este gravamen "llueve sobre mojado" y los proyectos fotovoltaicos se verán abocados en muchos casos a a suspender pagos, se lamentan en la asociación empresarial fotovoltaica.
La reforma energética, que está previsto que se apruebe el próximo viernes en el Consejo de Ministros, incluye, entre otras medidas, una tasa sobre la producción de energía renovable y otra sobre la nuclear y el agua. En el primer caso, según fuentes del sector, podría tratarse de un impuesto en lugar de una tasa, cuya recaudación correspondería al Ministerio de Hacienda y no al sistema eléctrico.
El gravamen tendría un coste para el conjunto de las renovables de unos 850 millones de euros y, al aplicarse según la eficiencia, afectará especialmente a las tecnologías más caras, que son la fotovoltaica y la termosolar, las que menos producen en relación a su coste (este sería el ratio de eficiencia).
El sector fotovoltaico calcula que la medida supondrá un recorte de su retribución de entre el 14% en el caso de las plantas más antiguas, las que se regulan por el Real Decreto 661, y el 20% (o 68 euros MW) las posteriores a dicha regulación. Estas empresas están recabando el apoyo de los fondos de inversión que participan en proyectos fotovoltaicos y de los bancos acreedores que, según señalan fuentes de Unef, deberán provisionar las pérdidas derivadas de los recortes.
Las medidas energéticas previstas para el Consejo de Ministros del próximo viernes incluyen también otras de profundo calado más allá del sector energético. Entre otras, un duro recorte de los gastos de los ministerios. Uno de los más afectados sería el de Industria que dirige José Manuel Soria.
Por otra parte, el freno del desarrollo de las energías verdes ha destruido 30.000 empleos en España e impide la creación de otros 100.000 puestos de trabajo más, afirmó ayer en Tarragona la diputada socialista en el Congreso y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. La diputada socialista consideró "un grave error la apuesta del PP por prolongar la vida útil de las centrales nucleares y reducir las ayudas a las renovables", y ha denunciado que "aumentará nuestra dependencia energética del exterior".
Narbona también cree que la nueva tasa a las energías renovables que proyecta el Ministerio de Industria "puede provocar la parada definitiva de los proyectos actualmente en curso por la retirada de inversores nacionales e internacionales".
Soria reitera que el Estado contribuirá
El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que los operadores y el Estado deben compartir con los consumidores eléctricos los esfuerzos para acabar con el déficit de tarifa, ya que, de lo contrario, la tarifa de la luz tendría que registrar una subida insostenible."Si todo el peso del ajuste del déficit de tarifa recayera sobre los consumidores, tendríamos que plantearnos una cuantía de subidas que sería impensable, por lo que una parte del ajuste también tiene que caer sobre la Administración del Estado y las operadoras", afirmó el ministro en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.Soria recordó que la tarifa de último recurso (TUR) ya subió un 7% en abril y que desde ayer lo ha hecho un 4%. "Todos tenemos que contribuir a disminuir el déficit de tarifa, ya que si no lo hacemos puede convertirse en el futuro en un problema financiero", advirtió el ministro. El titular de Industria también explicó que el encarecimiento en un 9,5% de la energía en la última subasta eléctrica impidió al Ejecutivo congelar la tarifa en julio. "Para que el recibo no subiera, tendríamos que haber bajado los peajes en proporción parecida, pero si lo hacemos se agrava el problema del déficit de tarifa, que es lo que queremos solucionar", señaló.Sin embargo, la contribución del Estado se traduciría en una subida de impuestos a los contribuyentes para sufragar costes de la tarifa eléctrica, con lo que el sobre esfuerzo recaería siempre en los ciudadanos. Además, el hecho de que sea Hacienda la que recauda los nuevos impuestos o las subidas de los que ya existen, no garantiza que el dinero se destine al sistema eléctrico. No falta quien teme que una vez en las arcas del Estado, y dada la delicada situación del déficit público los nuevos ingresos se destinen a sufragar el agujero del Estado y no el de la tarifa eléctrica.De hecho, el llamado céntimo verde que el Gobierno prepara, no se destinará a sufragar las primas de las renovables, tal como estaba previsto inicialmente. Por tanto, no será un impuesto verde.