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La obligación de transformar ahora las cajas en fundaciones

Réquiem por las cajas de ahorros. Ahora sí. Las cajas han dejado de existir. Hace menos de un lustro parecía imposible que estas entidades de ahorro, que llegaron a representar más de la mitad del sistema financiero español, pudieran desaparecer, pero ha ocurrido, y todo en menos de 22 meses (en septiembre de 2010 se impuso la fusión de cajas a través de los sistemas institucionales de protección, conocidos como SIP). Y todo a plena luz del día y aprovechando sus innumerables e incluso infinitos errores de gestión, de riesgo, de gobernanza, pero también de envidias, odios y necesidad de supervivencia.

El sector de ahorro siempre ha dado la impresión de unidad, de corporativismo, pero se ha demostrado que no ha sido así. Competir por robar clientes en el mismo y único mercado de actuación, el español, no estaba exento de peligros. Era y es -en este caso hay que incluir a los bancos- una guerra subterránea, que solo la aprecian quienes están involucrados en ella, y saben que la lucha es a muerte. Y así ha sido. Entre todos las mataron y ellas solas se murieron.

La ruptura del sector quedó patente en marzo de 2010, cuando el entonces presidente de CECA, Juan Ramón Quintás, decidió dar un portazo y presentó su dimisión. Le sustituyó Isidro Fainé, presidente de La Caixa. Pero antes de aceptar el cargo, puso una condición: que las cajas no tuvieran que convertirse en fundaciones, algo que reclamaba desde hacía tiempo el FMI. El Gobierno, entonces del PSOE, aceptó: las cajas transferirían su actividad financiera a un banco y la obra social sería desarrollada por la caja, y solo en caso de que esta perdiera primero fue el 50% y más tarde el 25% del control del banco pasarían a fundación.

El sector tiene los días contados. Solo La Caixa y las cajas vascas podrían sobrevivir

Las ganas de acabar con las cajas por los bancos y por un segmento influyente de la economía encontraron en la crisis el campo abonado. El sector de ahorro había crecido en las dos últimas décadas al albur y al calor del boom inmobiliario, y su riesgo se disparó, lo mismo que la ambición de sus gestores, más preocupados por igualar sus indemnizaciones a las de la gran banca que por controlar el negocio. Y la crisis económica fue la puntilla del sector, que el miércoles tuvo la principal defunción. De una tacada siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Canarias, Caixa Laietana y La Rioja-, unidas en un SIP llamado Bankia, desaparecieron al perder todo su patrimonio en Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz del grupo.

Caja Madrid es la caja más antigua de España. Fue fundada en 1702 y llegó a ser una de las entidades más grandes del país y también una de las más fuertes. Al final prácticamente todas las cajas terminarán convertidas en fundaciones, transformación que han vuelto a reclamar el FMI y Bruselas. Se ha convertido, de hecho, en una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa la troika (CE, FMI y BCE) para conceder el rescate a la banca, o mejor dicho a los bancos de las cajas, porque parece que ningún asociado a la AEB, con excepción de Valencia, está dispuesto a pedir ayudas a Europa. "Es un pacto no escrito. Ningún banco tradicional pedirá ayudas aunque lo pueda necesitar. Antes buscará debajo de las piedras capital privado para evitar el recate", señala un banquero.

La CECA ya ha comenzado a trabajar en la transformación de las cajas en fundaciones, lo mismo que en la coordinación de los montes de piedad de estas entidades de ahorro, y que ahora con la crisis han recuperado un protagonismo social que era impensable hace unos años.

En el consejo de Bankia, celebrado el miércoles -y en el que se informó sobre el agujero de 13.635 millones detectado en BFA tras la valoración realizada por tres bancos de inversión-, se comunicó solo de una de las condiciones impuestas por Bruselas para conceder las ayudas: que se suprima la aportación a la obra social.

El debate, que el FMI tampoco concretó en su informe, es quién controlará estas fundaciones: las comunidades autónomas o el Estado. El Gobierno ya intentó solucionar esta ambigüedad en febrero en el primer decreto de la reforma financiera, pero ante las protestas de las autonomías se dio marcha atrás.

La idea en la que está trabajando la CECA es que las cajas nacionalizadas se conviertan en fundaciones dependientes de las comunidades autónomas, mientras que las que tienen bancos estén tuteladas por el Estado, ya que son entidades supervisables por el Banco de España. Otro dilema es si la presión del FMI y Bruselas podría amortiguarse y evitar que La Caixa (incluso las cajas de Banca Cívica) con CaixaBank y las vascas con Kutxabank se transformen en fundaciones, ya que no está previsto que reciban ayudas públicas.

Parece que la batalla está perdida para aquellas cajas con bancos que sin estar nacionalizadas deben recapitalizarse con ayudas europeas, como son BMN, Ibercaja con Liberbank o previsiblemente Unicaja con Caja España.

Estas entidades parecen condenadas a dejar su estatus de caja y pasar al de fundación. También se duda sobre si será necesaria o no la transformación en banco de las dos cajas más pequeñas de España y que están totalmente sanas: Pollensa y Ontinyent.

La primera caja que se convertirá en fundación es CAM, que ha convocado junta para el 9 de julio con este objetivo. Las tres cajas que dieron origen a Unnim -Terrassa, Sabadell y Manlleu- también se transformarán en fundaciones para gestionar su obra social. Lo mismo sucederá con Catalunya Caixa, Caixa Penedés y Caixa Laietana. La Generalitat ultima la modificación de la ley de cajas catalana para asegurarse el control de las obras sociales y dar entrada en las fundaciones a mecenas. La norma no afectará a La Caixa.

Asimismo, Caja Segovia prevé pasar a ser fundación el próximo año. Y la Xunta de Galicia ha iniciado los trámites para transformar en fundación Novacaixagalicia.