La Inspección de Trabajo aflora 40.000 empleos irregulares en el primer semestre
La Inspección de Trabajo ha obligado a dar de alta en la Seguridad Social a 40.000 trabajadores irregulares por los que sus empresas no cotizaban al sistema, durante el primer semestre de este año. Además, los inspectores laborales dectaron 4.500 personas que compatibilizaban un empleo 'en negro' con el cobro de prestaciones por desempleo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho públicos tras el Consejo de Ministros, algunos datos de actividad de la Inspección de Trabajo durante el primer semestre del año. En este periodo, los inspectores laborales han realizado 110.000 actuaciones en materia de lucha contra el empleo sumergido, detectando la existencia de 40.000 empleos irregulares, obligando a los empresarios de estos trabajadores a darles de alta en la Seguridad Social.
Esta cifra supone más de la mitad de todo el empleo aflorado por la Inspección en 2011, cuando se forzó la regularización de de 65.794 asalariados.
En este sentido, Sáenz de Santamaría anunció que dentro del Plan antifraude laboral que prepara el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se prepara un cambio en la forma de trabajar de la Inspección de Trabajo. "Habrá campañas diferentes", dijo y citó como ejemplo un próximo programa de seguimiento del empleo aflorado, porque hasta la fecha los inspectores obligan a dar de alta a los trabajadores irregulares pero desconocen qué ocurre con ellos en los meses posteriores.
La vicepresidenta anunció que la Inspección también realizará una "mayor vigilancia y control de los expedientes de regulación de empleo (ERE) para evitar cualquier tipo de fraude en su ejecución. Con todo ello, explicó, se pretende atajar "una gran bolsa de fraude detectada en empresas". Entre estas actuaciones fraudulentas, detalló la detección, durante este primer semestre, de 4.500 personas que compatibilizaban el una actividad remunerada con el cobro de la prestación y/o subsidio por desempleo.
Sáenz de Santamaría recordó el endurecimiento de algunas sanciones laborales, ya anunciado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Así pasarán a ser infracciones graves actuaciones fraudulentas como no cotizar por los salarios de tramitación, por las vacaciones devengadas o cotizar a tiempo parcial por un empleo a tiempo completo.