Llegan los defensores de los empleados públicos
Lo han intentado por todos los medios, pero ha sido imposible. Pese a las presiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la reforma laboral ha legalizado el despido de empleados públicos que no sean funcionarios de carrera ni personal estatutario, aunque hayan conseguido su puesto de trabajo mediante concurso u otro proceso de selección.
Lo único que consiguió el CSI-F es que el PP introdujera una enmienda a la reforma laboral -que se aprobará definitivamente el próximo jueves- para que los cerca de 700.000 empleados públicos susceptibles de ser despedidos en un ERE tengan "prioridad de permanencia" frente a otros trabajadores que no hayan accedido al puesto mediante un proceso de selección.
Pero en el CSI-F se temen que esta salvedad no pondrá ni mucho menos a salvo del despido a estos trabajadores, por eso han creado el Observatorio Nacional para el seguimiento del desarrollo de la reforma laboral, cuyo objetivo será "combatir de manera más eficaz los despidos de empleados públicos que se produzcan en todo el Estado", explicó ayer el presidente del sindicato Miguel Borra.
El plan de actuación de este observatorio incluirá las tradicionales vías de presión (paros, movilizaciones etc);_así como actuaciones en el ámbito jurídico: "nos personaremos en todos los casos de despidos colectivos que hagan las Administraciones Públicas", insistió Borra. Para ello cuentan con toda la infraestructura del CSI-F que incluye a una treintena de asesores jurídicos que estaban ayer reunidos en Madrid recibiendo las directrices de actuación, entre las que se les trasladó un mensaje:"que no descarten ningún tipo de actuación".
Asimismo, estos sindicalistas pretenden negociar con los responsables de las administraciones que opten por llevar a cabo un ERE (ya sea estatal, autonómica o local) alternativas a esos despidos. Para proponer dichas medidas alternativas quieren realizar auditorías públicas en las que, por ejemplo, se analizarán el número de asesores (puestos de libre designación), altos cargos, ejecución de las obras y contratos públicos, así como las empresas públicas existentes en el ámbito del afectado.
Y es que, según Borra, "el problema no está tanto en el salario de los empleados públicos sino en el uso hasta el infinito que se ha hecho de las empresas públicas". Este sector da empleo a cerca de medio millón de trabajadores (además de los 2,7 millones de empleados públicos entre el personal funcionario y laboral), que se rigen por la legislación laboral normal, por lo que ya antes de la reforma laboral estaban sujetos a los despidos colectivos por causas económicas.
El Gobierno ha calculado que sobra aproximadamente el 20% de las empresas públicas; mientras que Borra aseguró ayer que "nadie sabe cuánto hay que recortar en ese sector porque nunca se ha evaluado y habría que analizar caso por caso". De cualquier forma, las actuaciones del CSI-F se centrarán más en defender los empleos del personal laboral de las administraciones que los de los trabajadores de las empresas públicas.
Colaboración de los afectados
Para lograr llevar a cabo esta defensa de los empleados públicos, Borra pidió ayer la colaboración de los afectados. "Hemos creado un banner y una dirección de correo electrónico en www.csi-f.es para que todos los trabajadores que vayan a ser despedidos nos hagan llegar su caso y poder así ir a ayudarles".
Además de este observatorio, los responsables de este sindicato propondrán al Gobierno un pacto de Estado que incluya la vuelta a la negociación, el desarrollo de las leyes de Función Pública del Estado y las comunidades, realizar un diagnóstico del sector público para aplicar la máxima: una administración, una competencia y la fijación de criterios comunes para medir la productividad, algo que se aprobó en 2007 y aún no se ha puesto en práctica.