Céntimos más que euros con impuestos verdes
La búsqueda de ingresos en los tributos ambientales augura escasas entradas en las arcas públicasLa búsqueda de ingresos en los tributos ambientales augura escasas entradas en las arcas públicas
A medida que la presión internacional y de los mercados aumenta sobre las cuentas del Gobierno, el Ejecutivo sigue buscando dónde obtener ingresos para cumplir con el 5,3% de déficit público acordado con la Comisión Europea para este año.
Cuando ya se han tocado todos los palos impositivos excepto el IVA, ha hecho su entrada en escena el céntimo verde, una vieja reclamación de las renovables para repartir la carga de las primas a la energía limpia entre otros sectores energéticos, en concreto los hidrocarburos. El Gobierno estaría ultimando un real decreto-ley para subir el impuesto sobre los carburantes con el que en apariencia mataría dos pájaros de un tiro: la medida aportaría hasta 1.500 millones de euros a las arcas públicas que servirían para financiar las primas a las renovables, y supondría un reconocimiento al sector, lastrado por la incertidumbre regulatoria.
Pero aunque aún no se conocen los detalles de la medida, este impuesto no sería en principio finalista, en cuyo caso no tendría que destinarse exclusivamente a financiar las primas a la energía limpia.
El potencial recaudatorio de los impuestos ambientales no será nunca muy elevado, según los expertos del REAF
"En los tributos ambientales, la recaudación está ligada a financiar políticas de mejora ambiental. Ahora se está pensando sobre todo en medidas recaudatorias", explica Ángel Ruiz de Apodaca, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Navarra. Cataluña anunció hace unos días que pretende sacar adelante una ley de cambio climático cuyo fin último será promover una economía baja en carbono que tienda a eliminar el uso de combustibles que procedan de la quema de petróleo, como la gasolina.
La medida significa apostar por un esquema energético con más presencia de renovables, pero mientras ese nuevo modelo llega, la iniciativa prevé medidas "de fiscalidad verde", como ha señalado el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, que aún están pendientes de concretar.
Los impuestos medioambientales empezaron a proliferar en los años ochenta en los países nórdicos para proteger los recursos naturales con un principio claro: quien contamina, paga. La Unión Europea ha hecho suya esta norma y así han nacido directivas en infinidad de ámbitos, que poco a poco se han adaptado al Derecho nacional.
Pero la clave para que este tipo de gravámenes surtan efecto es que queden vinculados a políticas ambientales, como el canon sobre el agua que algunos municipios cobran o el impuesto de residuos. "Ahora, como la necesidad recaudatoria es muy importante y como la fiscalidad ambiental no está aún desarrollada, se explorará este campo para sacarle jugo, pero su potencia recaudatoria no será nunca muy elevada", pronostican desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Sin embargo, el medio ambiente ha sido la coartada en los dos últimos años para crear un goteo de nuevos impuestos en las comunidades autónomas, que encabezan la creación de nuevos tributos respecto a los gravámenes verdes estatales: sobre la recogida de basuras en Madrid, vertidos a las aguas litorales en Andalucía, daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera en Aragón, canon sobre la deposición controlada de residuos municipales en Cataluña o impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos en Extremadura. "Los impuestos actuales gravan sobre todo a las empresas, de lo contrario no suponen ingresos relevantes y, en cualquier caso, su fin último debería ser reducir la contaminación", asegura Agnès Granés, responsable de impuestos medioambientales en el despacho de abogados Cuatrecasas.
"El esfuerzo impositivo debería hacerse sobre la energía, aunque lo que en realidad está pendiente es una reforma fiscal verde que armonice todos los impuestos", concluye Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero en la UNED. Resulta paradójico que exista un gravamen sobre las turbinas eólicas que pagan los operadores de parques por su impacto ambiental, un ejemplo para Herrera de que "lo que se pretende no es que desaparezcan las turbinas, sino cobrar". En este sentido, la prioridad de la presión impositiva "debería centrarse en los residuos y en los contaminantes a las aguas y a la atmósfera", como el dióxido de carbono.
Este icono de la batalla verde actual está regulado en el mercado de derechos de emisión europeo, con un efecto contrario al deseado porque la caída del precio de la tonelada de CO2 está suponiendo el pago de millones de euros para las arcas públicas.
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La Ley de Economía Sostenible de 2011 recuperó uno de los pocos incentivos verdes previstos para las empresas, la rebaja en el impuesto de sociedades para toda compañía que invierta en instalaciones con el objetivo de reducir la contaminación. La rebaja, que inicialmente era del 2%, ha ascendido al 8% con la nueva norma.Se trata de un estímulo que gestionan las propias comunidades autónomas, las cuales conceden esta rebaja, previa verificación de las inversiones y entrega de un certificado, que habilita a las empresas a beneficiarse de la citada desgravación."Es la más relevante de todas las deducciones fiscales ligadas al medio ambiente porque afectará sobre todo a las industrias más contaminantes", explica Agnès Granés, responsable de impuestos ambientales en el despacho de abogados Cuatrecasas.Por el momento, es pronto para saber cuántas empresas se acogerán a la medida, pero desde este despacho aseguran que muchas medianas empresas, el segmento que predomina en las actividades con mayor impacto ambiental, se están acogiendo a la deducción, de gestión autonómica.