Iberdrola celebra junta con los blindajes intactos y tres nuevos consejeros
Iberdrola celebrará este viernes en Bilbao su junta general de accionistas, en la que se aprobará el nombramiento tres nuevos consejeros, incluido el exministro Ángel Acebes, y se mantendrán las limitaciones del 10% en los derechos de voto después de que el Congreso de los Diputados aprobase la continuidad de esta fórmula para las empresas cotizadas.
La reciente decisión de la Cámara Baja evita que Iberdrola tenga que acometer cambios estatutarios para suprimir los blindajes, como ya hizo Repsol, y deja sin efecto la batalla judicial de la eléctrica en el Tribunal Supremo por mantener estas restricciones de voto.
Tras la decisión del Alto Tribunal de rechazar las cautelares solicitadas por Iberdrola, la eléctrica había presentado un incidente de nulidad y estaba dispuesta a llevar el caso al Tribunal Constitucional en caso de recibir un fallo desfavorable.
El mantenimiento de los blindajes es uno de los aspectos que hace prever que la junta de este año sea más tranquila que alguna de las anteriores, en las que el conflicto entre ACS e Iberdrola por las pretensiones del primero de entrar en el consejo de administración de la segunda estaba abierto. La constructora tiene en una actualidad un 14,8% de la eléctrica, tras vender un 3,69%.
El consejo de administración de Iberdrola propondrá en la cita de este año con sus accionistas la ratificación de tres consejeros, entre ellos Acebes y Francisco Pons, que se convertirá en el nuevo vocal en representación de Bankia, tras la salida de José Luis Olivas.
El tercero de los nuevos consejeros será el director general José Luis San Pedro, que ejercerá el cargo de consejero ejecutivo de Iberdrola y consolidará de esta forma su posición como segundo principal directivo de la compañía, por detrás del presidente, Ignacio Sánchez Galán.
También se someterá a la aprobación de la junta las reelecciones como vocales de Xavier de Irala, Íñigo de Oriol, Inés Macho, Braulio Medel y Samantha Barber.
Por otro lado, el consejo de administración aprovechará para solicitar la aprobación de los accionistas para poder, en un plazo de cinco años, emitir bonos, obligaciones y otros valores de renta fija con un límite máximo de 20.000 millones, así como pagarés por un máximo de 6.000 millones.
Iberdrola realizará también una votación consultiva sobre el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y aprobará previsiblemente la modificación parcial del código de separación de actividades de las sociedades del grupo con actividad reguladas en España con el objetivo de cumplir las recientes reformas legislativas. PRIMA DE
Junto a esto, la compañía pagará a los accionistas una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción y propondrá una remuneración al accionista correspondiente al ejercicio 2011 equivalente, al menos, a 0,326 euros por título, con lo que el dividendo se mantendrá.
La propuesta de reparto de dividendo contempla, por un lado, un pago en efectivo con cargo a los resultados de 2011 de 0,03 euros brutos por acción y, por otro, la puesta en marcha por tercer año consecutivo del sistema de remuneración al accionista denominado Iberdrola Dividendo Flexible.
Al margen de la junta de accionistas, las diferencias entre ACS e Iberdrola se dirimen ahora en los tribunales, donde el grupo constructor mantiene dos frentes abiertos contra la eléctrica, uno referido al nombramiento frustrado de un consejero en la junta de 2010 y otro a varios acuerdos adoptados en la junta de 2011.
La batalla legal por lograr un consejero tuvo un primer desenlace en los tribunales mercantiles de Bilbao, donde se consideró a ACS competidor "estructural y permanente" de Iberdrola, y se dio la razón a la eléctrica. La Audiencia Provincial de Vizcaya ratificó la resolución del tribunal mercantil, por lo que ACS ha anunciado su intenció de llevar el caso al Tribunal Supremo.
En el caso de la junta de 2011, el tribunal mercantil de Bilbao desestimó la petición de ACS de que se declarasen nulos los acuerdos, por lo que el grupo constructor anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.