Díaz Ferrán y Pascual también culpan a Zapatero de la crisis de Marsans
Los abogados de los dos gestores de la compañía de turismo Marsans, en la exposición final ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, responsabilizaron al ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por la quiebra de la empresa.
En la exposición final de los dos empresarios del Grupo Marsans, los abogados, además de responsabilizar del concurso de Marsans a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y al Estado argentino, también han sugerido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prestó apoyo a la compañía en su negociación con los acreedores hasta que se registraron diferencias con el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en la negociación por la reforma laboral. A partir de ese momento el Gobierno dejó de prestar apoyo a Marsans en las negociaciones con el Gobierno argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y con IATA que prohibió a la compañía vender billetes en abril de 2010.
Al término de la vista, Gonzalo Pascual, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que Zapatero encargó a Bernardino León el tema de Marsans y se lo dejó caer cuando hubo divergencias en la negociación por la reforma laboral.
La administración concursal pide 15 años de inhabilitación
La administración concursal de Viajes Marsans solicitó ayer la pena máxima de 15 años de inhabilitación para ejercer como gestores de empresas para Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por su culpabilidad en la insolvencia de la compañía turística, quebrada en junio de 2010 con 183 millones de euros de deudas.
"El agujero es tremendo, monstruoso, el carácter de la culpa es doloso", concluyó el administrador Edorta Etxarandio en su exposición de las conclusiones durante la vista de calificación del concurso de acreedores de Viajes Marsans celebrada por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.
El administrador señaló que ambos socios provocaron la "salida de efectivo" de cerca de 300 millones de euros de Viajes Marsans a sus sociedades patrimoniales, lo que podría constituir un delito penal de "apropiación indebida". La administración concursal pide que cubran con su patrimonio las deudas de la compañía turística.