Los técnicos europeos decidirán el destino de la banca rescatada
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el FEEF, por sus siglas en español, o el EFSF, si se prefiere el inglés) da la bienvenida a los bancos nacionales en apuros. A partir de ahora, será el Gran Hermano del sector financiero, la instancia máxima que vigilará cada paso que se dé en territorio nacional y que decidirá el destino final de las entidades intervenidas.
Así lo dicen sus pautas de funcionamiento. Sí, son los Estados miembros los que aportan el dinero y el muy español Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, otra sigla más) el que recibe el préstamo. Desde ahí lo repartirá a los bancos que pidan asistencia o a aquellos que considere necesario asistir aunque se resistan. Pero será el fondo de rescate europeo el que imponga las reglas.
"La condicionalidad es específica para las instituciones", dicen las reglas de funcionamiento del fondo comunitario. Y la asistencia tendrá que respetar la regulación europea de ayudas de Estado. Esos son los principios generales. A partir de ahí, cada banco beneficiario debe ser sometido a un "plan de reestructuración acorde con la cantidad de ayuda recibida". Es decir, a más dinero, más ajustes.
Eso sí, estos planes van a tener que moverse dentro de una delgada franja: la que va entre el principio de no distorsionar la competencia y no abusar de los beneficios de sobrevivir con dinero público, a la vez que se asegura la viabilidad a largo plazo de la institución. Habrá que ver cómo se consigue.
Pero quizá lo más importante es lo que está por venir. La Comisión Europea lanzó la semana pasada una propuesta de directiva para la resolución de crisis financieras. Y ahí habrá nuevas condicionalidades que tendrán que cumplir las entidades rescatadas, según avisan las reglas del FEEF, aunque es cierto que esta normativa puede tardar un año en entrar en vigor. Se intensificarán las labores de supervisión en las tres fases de una crisis (preparación, intervención temprana y resolución). Y eso significa que se podrán poner en marcha planes de recuperación y de resolución para cada entidad auxiliada, incluida la venta de activos, el troceamiento para que su digestión sea más fácil y la exigencia de que accionistas y acreedores (bonistas) asuman fuertes pérdidas.
Y es que el fondo de rescate europeo considera que los accionistas son corresponsables de la situación de la entidad, entre otras cosas porque se supone que respaldaron con sus votos las decisiones de gestión que han dado lugar a la crisis del banco del que forman parte. También los acreedores perderán, según la propuesta de directiva europea, salvo los que tengan cédulas hipotecarias o papel a muy corto plazo (en ningún caso afectará a los depósitos). El aviso es claro: se podrán poner en marcha las llamadas herramientas de bail-in, que implican conversiones de deuda en capital y otras posibilidades de que los bonistas respondan con números rojos a su apuesta. Al fin y al cabo, el fondo es comunitario y tiene mucho de la filosofía germana dentro: hay que castigar a quien erró, hacerle pagar para que aprenda. Los acreedores bancarios no tienen por qué ser distintos de los de cualquier otra empresa. Eso sí, será para evitar en último término la liquidación o quiebra de la entidad, así que se tomará como medida de último recurso.
Y también como último recurso se llegará a la liquidación, que tampoco se descarta. Europa está poniendo el dinero y no quiere que sea un pozo sin fondo. Si hay que cortar, se corta.
La cifra
30% es el porcentaje de la banca española que, según el FMI, necesitará cuantiosas ayudas para seguir adelante.
Un sector y un país atados en corto
El sistema financiero no tendrá libertad para decidir qué entidad necesita dinero. Será el Gobierno el que "indique la o las instituciones con problemas que finalmente recibirán el préstamo", dicen las reglas del fondo de rescate. La entidad en cuestión podrá resistirse e intentar convencer al Ejecutivo de que puede recapitalizarse y continuar sola, pero en último término será el Gobierno el que decida.En contra de lo que peleó España durante muchas semanas, los bancos en apuros no podrán acudir directamente al fondo de rescate, así que las reglas del FEEF se aplican a rajatabla. "El crédito será vehiculado por las autoridades nacionales, que tienen la responsabilidad final y el compromiso sobre los fondos prestados".Precisamente por eso, tampoco el Gobierno es demasiado libre para nada. El auxilio financiero está regulado hasta tal punto que cualquier beneficio que pueda surgir de la recapitalización de la banca en apuros tendrá que ser utilizado para repagar el préstamo si así lo pide el fondo de rescate, donde se priva al Estado en cuestión de su derecho al voto. El país beneficiario (España, en este caso) se tendrá que adherir, al menos hasta que se repague la línea de crédito, a la condicionalidad y el "control continuo" asociados al rescate.