El Senado da luz verde al blindaje antiopas para las cotizadas
El arco político representado en el Senado secundó ayer las propuestas del Partido Popular para proteger a las empresas cotizadas de posibles ofertas hostiles ante los niveles mínimos de cotización en que se mueve la Bolsa española. Las medidas restauran las limitaciones en los derechos de voto y complican las opas a precios de mercado.
Una de cal y otra de arena para el Gobierno ayer en el Senado. Todos los grupos representados en la Cámara alta dieron su voto a favor del proyecto de ley por el que se permitirá a las compañías cotizadas restaurar las limitaciones en los derechos de voto en sus estatutos y por el que se blinda a los accionistas de empresas expropiadas ante ofertas públicas de adquisición (opa) hostiles. "Estamos de acuerdo con el fondo, pero no con las formas", expuso ayer durante el debate el socialista Luis Santos, coincidiendo con CiU o PNV.
Las críticas de los grupos opositores en el Senado se referían a que el PP ha tejido toda una red protectora en forma de enmiendas a una ley que poco tenía que ver con el asunto: la de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. Por si fuera poco, las propuestas fueron entregadas fuera de plazo. PSOE, CiU, PNV y demás, echaron de menos un mínimo debate en torno al asunto.
Tal y como avanzó CincoDías el pasado viernes, algunas de las mayores empresas españolas estaban demandado al Gobierno la instauración urgente de un escudo de defensa contra opas. Gigantes como Repsol, Iberdrola o Telefónica cotizan en valores mínimos de la última década y en sus cuarteles generales se temen tanto los ataques de posiciones cortas como a las ofertas de compra.
Ahora, a través de una disposición adicional a la Ley del Mercado de Valores, se pone veto a las opas a precio de mercado cuando dentro de los dos años anteriores al anuncio de la oferta el valor de la empresa se haya visto distorsionado por "catástrofes naturales, situaciones de guerra, calamidad u otras derivadas de fuerza mayor". Además, se incluye el supuesto de que la compañía opada haya sufrido "expropiaciones, confiscaciones u otras circunstancias de igual naturaleza que puedan suponer una alteración significativa del valor real de su patrimonio". En caso de que la hipotética opa se produzca sobre una empresa afectada por estas circunstancias, el oferente deberá aportar el informe de un experto independiente sobre los métodos y criterios de valoración. El valor medio de la acción en el último año o el valor liquidativo de la sociedad, serán algunos de los argumentos a tener en cuenta.
Repsol, con una capitalización anormalmente baja (15.443 millones) tras la expropiación de YPF en Argentina, o Red Eléctrica de España tras el expolio de su filial en Bolivia, quedarían blindadas ante acercamientos no deseados.
Los que no se aclara en el texto legal es si la crisis económica se incluye entre los términos que protegen a las cotizadas tras el derrumbe de sus acciones.
La segunda enmienda aprobada ayer modifica la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley del Mercado de Valores al limitar el derecho de voto de sus accionistas. "La norma es de libre aplicación en las empresas a través de sus estatutos, no imponemos nada", defendió el popular Luis Rogelio Rodríguez. A renglón seguido recordó que la protección en las cotizadas españolas no será excepcional: "El 44% de 460 empresas relevantes europeas tienen algún tipo de blindaje", sentenció.
En efectivo
Una novedad aplaudida por las cotizadas, en torno al marco en que se moverán las opas, es la exigencia de alternativas en efectivo cuando un intento de compra se formule en acciones. Las enmiendas aprobadas ayer dicen que cualquier oferta en valores sobre una empresa en situación de debilidad (afectada por ejemplo por recientes expropiaciones) deberá incluir una alternativa en efectivo equivalente al canje.
FCC pide más protección contra posiciones cortasofertas
La eliminación de los blindajes en las cotizadas, acometida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a través de la conocida como enmienda Florentino, no ha cumplido los dos años cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy vuelve a poner coto a las opas. En el Senado todo sonaba ayer a discurso proteccionista. "Las cotizadas deben ser protegidas por el Gobierno para que aquellas con el capital disperso o con un socio hostil no estén expuestas. Hemos de ayudarlas", dijo el senador socialista Luis Santos."No es bueno para España perder el control de empresas arraigadas y estratégicas", había expuesto minutos antes Iolanda Pineda, de Entesa pel Progrés de Catalunya. Y la representante de CiU, Eva Parera, señalaba que se trata de impedir "opas a precios irrisorios".Esos argumentos sonaron de forma parecida entre representantes de accionistas minoritarios. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) celebra que el Senado haya sacado adelante la enmienda que restituye la posibilidad de limitar derechos de voto. Repsol y REE, por recientes expropiaciones en Argentina y Bolivia, e Iberdrola y Telefónica, por la dispersión de su accionariado y con blindajes instalados en sus estatutos, fueron señaladas ayer como las grandes beneficiadas.Entre los directivos de cotizadas, el presidente de FCC, Baldomero Falcones, señaló ayer que tanto la Bolsa como las empresas españolas "están muy castigadas", calificando de correcto "todo lo que sea proteger a nuestras empresas". Pero Falcones va más allá e insistió en que "es importante prohibir las posiciones cortas que están tomando los especuladores, incluyéndose a todas las empresas y no solo a las financieras".